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Los candidatos independientes y el caso Ferriz de Con

quimera

La aparición en la boleta electoral de ciudadanos (o ciudadanas, en el caso de Margarita Zavala) que quieren ser Presidente de la República sin necesidad de un partido político es una de las diferencias que tendremos en este proceso electoral en comparación con los anteriores. Por ello, es muy importante observar el cómo se ha ido definiendo el proceso. Es de sobra conocido que el registro de los candidatos se basó en la utilización de una

aplicación móvil, que recogería los datos de los ciudadanos dispuestos a apoyar a algún candidato o candidata independiente. El proceso ha estado lleno de denuncias desde el principio.

El desarrollo de la aplicación, de entrada, ya fue motivo de denuncia, dado que fue encomendada, el 22 de diciembre de 2016, a Grupo de Tecnología Cibernética (Grupo Tecno) por una cifra de 4.8 millones de pesos. El motivo de la desconfianza no era el monto, sino que esta empresa había desarrollado, en 2009, el Sistema Integral de Administración de Tiempos de Estado (SIATE), en el que, según consta en la revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hubo daños a la hacienda pública por 31.5 millones de pesos.

La segunda crítica estuvo centrada en el uso de las tecnologías de la información. El Consejo Nacional Indígena acusó al INE de discriminación, pues veían que en las comunidades indígenas era poco probable la adquisición de teléfonos inteligentes y que hubiese acceso a Internet. El INE accedió a utilizar mecanismos compensatorios, pero no le quitó relevancia a la aplicación, pues consideró que era una forma de tener el control y la supervisión del proceso de apoyo ciudadano

Otros candidatos, de los 286 aspirantes que se registraron, alegaron diversas fallas: dispositivos en los que teóricamente debería poder usarse y donde no funcionó; lentitud en su uso, pues había ocasiones en que el registro de un apoyo tardaba 40 minutos; el que no siempre se lograba la identificación del ciudadano, dado que la fotografía sólo era válida si se tomaba en horas con luz de sol. El INE, dadas estas quejas, lanzó una mejora de la APP, pero no lo logró acallarlas del todo.

Una tercera queja tenía que ver con la dureza de los requisitos. A los candidatos a la presidencia, por ejemplo, se les exigió que juntaran el 1% del total de la lista nominal de electores, lo que equivale a 866, 593 firmas disgregadas en 17 estados de la República. Estas firmas serían recolectadas por los propios candidatos, debiendo entregarle al INE un reporte de financiamiento.

Finalmente, la cuarta crítica es la más importante: el sistema no es inefable y tiene fallas. Lo denunció el pasado 27 diciembre el periodista Pedro Ferriz de Con, aspirante a la candidatura a la Presidencia de la República. En Guadalajara, sostuvo, a él y a su equipo les ofrecieron la venta de un archivo digital con un millón de credenciales. Pasadas las fiestas de fin de año, el 17 de enero, Ferriz de Con presentó una denuncia de estos hechos ante el INE, exigiendo que el INE investigara si había fugas en el Registro federal de Electores. Al ser rechazada su solicitud, acudió al Tribunal Electoral, que le ordenó al INE investigar los hechos denunciados. A día de hoy, no hay todavía una aclaración al respecto. Son múltiples preguntas las que habría que hacerse, pero la más importante es si es posible que los independientes “hackearan” la aplicación móvil.

En su petición al INE, Ferriz de Con explicó que el procedimiento de verificación se realizó únicamente con los datos alfanuméricos de las credenciales y no con todos los elementos de seguridad de la credencial, (incluida la comparación de la fotografía de la credencial con alguna obtenida en el sitio mismo donde el ciudadano decidió apoyar al candidato). Al no tenerse un algoritmo que case datos con fotografías, según la hipótesis de Ferriz de Con, el hackeo sería posible. De hecho, él está seguro que los candidatos que lograron recabar las firmas, compraron archivos digitales para ello. ¿Cómo deja eso a los candidatos independientes? ¿Cómo saber ahora quienes compraron los apoyos? ¿Qué mecanismos hay para ello? ¿Tiene el INE esa tecnología? ¿Habrá sanciones ejemplares si se demuestran la corrupción en el Registro Federal Electoral? ¿Qué sucederá, entonces, con el derecho a votar sin ser parte de los partidos?

El INE debe dar una rápida respuesta. Son cuestiones muy serias -tanto de forma como de fondo- lo que aquí se plantea. De ser cierto, este hecho no sólo vulnera la voluntad ciudadana, sino que habla de varias omisiones por parte del INE en el resguardo del padrón electoral y de su incapacidad para investigar la posible fuga de información del padrón. También habla de la poca coordinación con la FEPADE a la hora de perseguir los delitos electorales. Pero lo más indicativo es que habla d ella capacidad del árbitro para cuidar la elección. Es un caso gravísimo, que atenta contra la propia legitimidad del proceso electoral. Pero en el INE parecen no darse cuenta. Ojalá este caso sea sólo un error de apreciación y no una muestra de lo que se avecina, pues a nadie le debería gustar tener un árbitro incompetente.

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