Menu
RSS

No más gobernantes con malas cuentas ante la justicia.

darvoz

En la segunda edición del documento México Anatomía de la Corrupción, coordinado por Amparo Casar en 2016, se establece que: “entre 2000 y 2013, periodo en el que México tuvo 63 gobernadores, la prensa reportó 71 casos de corrupción

por parte de 41 gobernadores. De estos, sólo 16 casos fueron investigados y únicamente cinco gobernadores fueron procesados y encontrados culpables”.

Quien hoy encabeza el Ejecutivo Federal, durante una entrevista en mayo del 2012 señaló: “Son jóvenes, actores de la nueva generación política, el gobernador de Quintana Roo, Beto Borge; el gobernador de Veracruz, Javier Duarte; César Duarte, gobernador de Chihuahua; el gobernador de Campeche. Todos son parte de una generación nueva que han sido parte del proceso de renovación del partido”

Cinco años después de esa entrevista, algunos de estos nombres se suman a la generación más corrupta de gobernadores en la historia de nuestro país; la mayoría de ellos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En un breve lapso, se han sometido gobernadores a proceso sin comparación en toda la historia de México y han sido encarcelados más que en ningún otro tiempo.

En 1997, por primera vez en la historia moderna de México, en la composición del Congreso Federal, ningún partido tuvo la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, y surgió un equilibrio sin precedente entre las principales fuerzas políticas.

La consolidación de un sistema plural y multipartidista se manifestó claramente en México y en los gobiernos estatales, logrando mayor libertad en el manejo de su presupuesto de la mano de mayor autonomía respecto al Gobierno Federal y, sobre todo, más influencia en elecciones tanto locales como federales.

Más tarde, se iniciaron transformaciones políticas y legales a fin de generar acciones que empezaran a poner en la óptica pública los actos de gobierno.

No puede olvidarse que el ejercicio del derecho de acceso a la información tiene ya un largo antecedente, debido a que se estableció la necesidad de una Ley Federal de Transparencia, misma que se plasmó en una reforma al artículo 6° constitucional en 1977. Sin embargo, sólo hasta el 2002 se hizo efectiva su aparición.

La demanda de transparencia y rendición de cuentas exigida por la sociedad civil contribuyó a dar un seguimiento más puntual a las actividades de los gobiernos. La historia de realizar todas sus actividades en secreto comenzó a cambiar.

Los excesos cometidos en los gobiernos estatales comenzaron a no ser invisibles, gracias al uso creciente de mecanismos de transparencia y a que los medios públicos dan cuenta de todo tipo de conductas, aunque no todas ellas han dejado de ser impunes.

La ruta para hacer efectiva la transparencia y rendición de cuentas en México aún está lejos de consolidarse, y por ello, en las instancias legislativas es necesario tener claro que hace falta completar dos valiosos elementos del Sistema Nacional Anticorrupción: 1) el fortalecimiento de la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción y 2) el nombramiento de su titular, para garantizar que la corrupción de los gobernadores pueda ser castigada.

En razón de ello, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado de la República está comprometido en edificar un innovador, eficaz y eficiente sistema de rendición de cuentas, que garantice no sólo la fiscalización de los recursos y la transparencia, sino que asegure que ya no haya más impunidad por parte de funcionarios corruptos.

*Senador por Yucatán. Secretario del Comité del Instituto Belisario Domínguez e integrante de las comisiones de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, Juventud y Deporte, de Turismo, así como de Reforma Agraria.