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Alimentación y seguridad patrimonial: derechos irreductibles

darvoz

El 19 de julio el Pleno del Senado de la República analizamos, discutimos y debatimos el segundo dictamen sobre las normas secundarias de la llamada reforma energética. Durante poco más de 12 horas, intercambiamos opiniones sobre la Ley de Hidrocarburos, que forma parte de las normas que instrumentarán la reforma constitucional que

aprobamos en diciembre de 2013.

Mi principal preocupación sobre la minuta tiene que ver con la tenencia de la tierra y la seguridad patrimonial de campesinos y sus familias. Con ello en mente, emití un voto negativo respecto de los artículos 100 a 105 del dictamen de adiciones y reformas a la Ley de Hidrocarburos.

Detalle parte de mis argumentos: las adiciones al artículo 100 implican la probable cesión de derechos para el uso, goce o afectación de terrenos, bienes y derechos ejidales o comunales, a asignatarios y contratistas, pues los empujan a entregar sus tierras en caso de que se sospeche la presencia de hidrocarburos a cambio de rentas indefinidas.

Además, los cambios jurídicos colocan a los campesinos en mayores condiciones de vulnerabilidad, pues contemplan múltiples formas jurídicas para que asignatarios y contratistas se apropien de la tierra: arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, ocupación temporal, y compraventa y permuta, entre otras.

Asimismo, si bien la minuta eliminó la figura de expropiación, ésta se sustituyó por la de ocupación superficial, y se abrió el espacio para que los campesinos entren en condiciones de servidumbre.

Aprobadas estas reformas se requerirá de mucha atención por parte de la sociedad, de los legisladores y de las dependencias del Poder Ejecutivo.

En un intento por moderar los efectos perniciosos de estas normas, la minuta mandata que las negociaciones y contratos entre campesinos y contratistas estén bajo la supervisión de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio y, que en casos de terrenos, bienes o derechos de ejidos y comunidades, se podrá solicitar asesoría y representación de la Procuraduría Agraria. Todo ello obliga a las dependencias del gobierno federal, hoy más que nunca, a asegurar los derechos y bienestar de ejidatarios, campesinos y pequeños propietarios.

Como Senador, una de mis responsabilidades centrales es vigilar y supervisar las acciones del Poder Ejecutivo Federal. Ejerceré mis funciones de control y vigilancia hoy más que nunca.

Soy panista desde antes de nacer, he trabajado en el campo y conozco a los campesinos; también soy, por su voto, representante de mi gente. Como panista, y parafraseando a Manuel Gómez Morín, enarbolo el bienestar común y las armas de la razón. Como heredero de gente del campo, insisto en que la tierra es hogar, sustento, familia y comunidad. Confirmo que mi compromiso es con la gente, y que pocos derechos -si es que alguno- son superiores al de la alimentación y al de la seguridad de patrimonio.

* Senador por Yucatán. Secretario de las comisiones de Juventud y Deporte, de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y del Instituto Belisario Domínguez; integrante de las comisiones de Turismo, Reforma Agraria y Bicamaral del Canal del Congreso.