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Editorial de El Punto Crítico

Dejar atrás el arraigo

  • Escrito por Redacción/ILM
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Las reformas impulsadas por la pasada administración federal que incluyeron el arraigo de los presuntos delincuentes en casos de asesinatos, tráfico de armas y drogas, así como a una veintena de delitos tipificados en el Código Penal, se ha convertido en uno de los instrumentos jurídicos más ineficaces para procurar justicia el país, ya que representa para los inculpados la violación sistemática de los derechos humanos, que en muchos de los casos se han convertido en métodos sofisticados de tortura psicológica y física.

Las demandas sistemáticas de diversos legisladores buscan acabar con esta práctica que ha corrompido la justicia, porque en la mayoría de los casos los inculpados no van a dar a proceso penal. El arraigo en México ha permitido la violación de derechos humanos de los detenidos y hasta su tortura, ha sido una figura perversa, arcaica y anticonstitucional, que sólo lastima a las personas que llegan a caer en manos de la policía. Tanto en el senado de la República y en la Cámara de Diputados, se ha buscado llevar la iniciativa al pleno, pero diversos intereses –principalmente panistas– buscan que la figura permanezca, ya que consideran que es la principal aportación a la reforma penal heredadas por las dos pasadas administraciones federales.

En reciente foro sobre el tema, tanto senadores, diputados federales y locales, así como el mismo Procurador General de la República (PGR), y comisiones de Derechos Humanos, coincidieron en señalar que el arraigo es una detención ilegal y se debe eliminar al no respetar la presunción de inocencia que prevé la Constitución mexicana, y afecta los derechos humanos. Se dijo que es incongruente con los artículos 3 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como del artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las críticas se han generalizado tanto, que, incluso la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) manifestó su beneplácito por el inicio del análisis de la figura del arraigo en la Ciudad de México, por parte de la Asamblea Legislativa. Debido a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de quienes son sometidos a esa práctica, en distintos momentos se ha decidido por la eliminación de esa figura, tanto a nivel local como federal.

La comisión refirió que en la recomendación 2/2011, documentó 92 casos de arraigo entre 2008 y 2010, y la conclusión fue que hubo un patrón reiterado de violaciones e intromisiones a la libertad personal y al debido proceso. Los especialistas en el tema han reiterado que los derechos humanos deben ser el eje rector de la política pública en materia de justicia, ya que en un Estado democrático de derecho, se investiga para detener y no se detiene para investigar, pues existe la presunción de inocencia, hasta que se demuestre la culpabilidad. No se puede privar de la libertad a las personas para investigarlas, porque está documentado que conlleva detenciones arbitrarias, fabricación de pruebas y tortura.

Además se ha comprobado que el arraigo es una figura que el Ministerio Público utiliza ante su incapacidad para investigar, se vale, y obtener una detención de facto provoca en la persona un estado de indefensión e incomunicación. En el año 2002, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, consideró al arraigo como una forma de detención preventiva de carácter arbitrario, ya que provoca insuficiencia del control jurisdiccional. La determinación de eliminar la figura de arraigo constituye no sólo una necesidad de garantizar el sistema de protección a los derechos fundamentales, sino también un reclamo de la comunidad internacional hacia México, situación reforzada por la reciente reforma a la Constitución en materia de Derechos Humanos y Juicio de Amparo.
 
Los más benevolentes han dicho que hay que matizarlo o refrescarlo; otros que hay que regularlo; algunos ortodoxos señalaron que sólo hay que aplicarlo en casos excepcionales; y otros que el arraigo s una figura prejuzgatoria, contraria a los Derechos Humanos y por lo tanto debe desaparecer. México, en 1983 se incorporó al Derecho Penal Mexicano, “la nefasta figura del arraigo”, a través del Código Federal de Procedimientos Penales; un año más tarde fue incorporado al Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, destacó el también presidente de Nueva Alianza en la capital. Mientras que en el 2005, el arraigo en materia penal fue declarado inconstitucional por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque impulsaba una detención cuando la averiguación no arroja datos suficientes para establecer una “presunta responsabilidad”. El arraigo tema pendiente para la actual legislatura; tema que debe eliminarse, ya que de no hacerse, la procuración de justicia se habrá degradado, y el nivel de procesos penales continuará siendo sólo una mala pantomima.