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Editorial Año 5, lunes 4 de marzo de 2013

editorial

A lo largo de la historia reciente de México, múltiples son los casos de legisladores que se han visto involucrados en diversos delitos, a los que no se les puede imputar por el fuero constitucional y legislativo que los protegen, mientras son diputados locales y federales y senadores de la República, incluso altos funcionarios del Gobierno federal. Fuero que ha alcanzado y favorecido a gobernadores de los estados. Tan sólo como ejemplo recordar el fuero constitucional, que protegió al entonces gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, que no pudo ser detenido durante su gestión luego de que la PGR documentó y pudo probar el involucramiento de éste con el narcotráfico

Otros legisladores con impunidad lograron que firmas particulares se hicieran de ostentosos contratos de obra pública y en la adquisición de bienes secundarios del Gobierno estatal o federal, organismos como el INFONAVIT donde diputados y senadores se hicieron de terrenos, playas y hasta ranchos, para luego fraccionarlos a favor de las grandes desarrolladoras. Algunos otros lograron jugosas ventajas al facilitar contratos y concesiones a particulares a favor de particulares en servicios de telecomunicaciones, TV abierta, hoteles, servicios conexos en carreteras, aeropuertos electricidad y en petróleo. Negocios bajo la impunidad e ilegales, que hicieron y fomentaron el florecimiento de grandes negocios y que facilitaron el crecimiento de una clase política corrupta

Incluso hay casos de impunidad, descaro y prepotencia por parte de los legisladores que hasta en video y en hechos bochornosos se ha registrado el uso incorrecto del fuero legislativo y constitucional. Por ello, no solamente el fuero legislativo, sino en términos generales, el fuero constitucional, se ha vuelto inmoral privilegio de políticos, en escudo para violar la ley, en acto jurídico corruptor, en figura normativa que contribuye a la concentración descarada del poder y en el mayor impedimento para fortalecer la cultura de la legalidad

La eliminación y, en todo caso, la transformación del fuero, es una exigencia de la República, para mejorar los mecanismos de impartición de justicia

Desde hace un lustro varias han sido las propuestas en la materia, y apenas en los últimos trabajos que han tratado las iniciativas, se ha logrado tomar fuerza los límites al fuero legislativo, que se aboca solamente cuando el legislador está haciendo su trabajo legislativo, y dejarlo el demás tiempo de sus funciones al régimen de ciudadano común y corriente, sujeto al peso de la justicia y al desafuero. Tal han sido los casos del desafuero a Andrés Manuel López Obrador y René Bejarano, del desafuero que tuvieron que vivir por sus actos involucrados con corrupción

El caso más reciente es el del diputado federal Julio César Godoy Toscano, donde abiertamente se presentaron pruebas de sus vínculos con grupos del crimen organizado; en este caso la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios Cobra relevancia en este sentido, la iniciativa de propuesta consensada en El Pacto por México, que habrá de ser avalada por todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, para eliminar en el corto plazo el fuero legislativo, lo que se traduciría en un logro importante para la democracia, la justicia y la legalidad

Hay que reconocer, aseguran varios analistas políticos, que se destaca que el “fuero” resulta incuestionablemente un resabio de un sistema político autoritario y corruptor, que entregaba y dispensaba patentes para incumplir y violar flagrantemente la ley. Cuántas veces el fuero no ha servido para encubrir y proteger a legisladores y gobernantes ladrones y criminales, que han provocado daños inconmensurables a la sociedad, sin que se les pueda castigar y aplicar la fuerza de la ley, debido a que se escapan por el sendero de la impunidad

La aplicación y uso del fuero como un privilegio político, limita y obstruye la cultura de la legalidad, misma que prospera sólo cuando prevalece la voluntad de someterse al imperio de la ley tanto de gobernantes y gobernados. Fuere el que fuere el resultado de esta reforma al artículo 111 de la Constitucional obliga a todos por igual legisladores o no a sujetarse a la ley judicial en caso de un ilícito, cambios que llaman a la reflexión y responden a las necesidades de la actualidad que vivimos