Mientras el 99 por ciento de los mexicanos se lamentaban por el ascenso de Donald J. Trump a la Presidencia de los Estados Unidos de América, el sábado 21 de enero, en una sesión maratónica, el Congreso Constituyente de la Ciudad de México aprobó el Dictamen
de la Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Pública y Órganos Autónomos, que contenía trece artículos, mismos que fueron discutidos y aprobados, uno a uno, por una mayoría calificada de los diputados presentes en la sesión. Dentro de este universo de artículos, uno en particular ha llamado la atención de muchos, sobre todo de quienes vemos en la impartición de justicia, el mejor mecanismo para generar gobernabilidad en el país y, sobre todo, en esta Ciudad social, política y económicamente más compleja que cualquier nación.
El Consejo Judicial Ciudadano, se presentó como una instancia, compuesta por 11 “notables”, en la que la sociedad civil participaría y sería la encargada de hacer el nombramiento de un Consejo de la Judicatura, sobradamente empoderado, sin contrapesos reales, más que el un Congreso plagado de negociaciones que, en las menos de las veces, la sociedad en su conjunto se ve beneficiada y que, al final del día, sería el superior jerárquico de ese supuesto órgano ciudadano, que se encargará de nombrar a los jueces y magistrados de esta Ciudad.
Esta iniciativa, se presentó, tanto por pseudo académicos que –dicho sea de paso– jamás han pisado un juzgado, tribunal o instancia similar, pero que se autodefinen con la autoridad moral para poder determinar y definir la organización y destino de instancias tan importantes como aquellas encargadas de impartir justicia para los capitalinos; como por políticos que, en un discurso populista y en ánimo de incidir en el control político de las instancias especializadas en impartición de justicia, pretenden crear una instancia “a modo” para poder definir, desde las alturas, los destinos de quienes acuden a solicitar justicia.
Así, con un manto apestado por el populismo, los políticos se muestran –nuevamente– como salvadores de los derechos de los ciudadanos, cuando en realidad están actuando con una visión patrimonialista del poder; en donde sus cuotas, cotos y cuates, habrán de imponerse –ahora– también en los juzgados y salas de la –de por sí defenestrada– justicia capitalina.
Basta con recordar y observar las sorpresas que nuestros ínclitos diputados le han dado a la sociedad, para saber que esta acción dista mucho de buscar el bienestar general. Queda claro que esto es un ardid populista, que pretende sacar la mayor ventaja posible, para ahora ser ellos los dueños de lo que consideran, groseramente, el gran negocio de la impartición de justicia.
@AndresAguileraM