El trabajo en el gobierno está revestido de complejidades muy particulares. En su mayoría, el servicio público no obedece a horarios determinados; todos
están sujetos a un régimen adicional de responsabilidades —tanto administrativas como penales— que le añaden obligaciones a las de la propia función que desempeñan, aunado a la presión que implica la trascendencia social de su actividad profesional, pues irremediablemente cualquier acción que se realice con motivo de su trabajo, tendrá repercusiones —directas e indirectas— a la vida de la sociedad a la que se sirve. En fin, la trascendencia del servicio público es tan clara que, de forma cotidiana, la opinión pública se suma en exigir que tanto el aparato burocrático como quienes lo dirigen sean personas profesionales, con vocación y compromiso por servir y generar condiciones de bienestar para los mexicanos.
En esta lógica, la discusión de los emolumentos de la burocracia no es un tema menor. Por el contrario, es de la mayor relevancia para garantizar no sólo la eficiencia de la función pública sino también la permanencia del gobierno como un ente regulador y generador de la paz social y creador de condiciones de bienestar. Mientras la burocracia —que no es otra cosa que partes de un complejo engranaje que permite al gobierno funcionar— esté debidamente remunerada y, a su vez, cuente con las garantías necesarias para el ejercicio de sus funciones, tendremos condiciones para encausar al país al bienestar. Sin embargo, si los servidores públicos padecen de una merma en alguno de sus basamentos —salario o garantías— se pone en riesgo la gobernabilidad y estabilidad de la República.
Minimizar y reducir a expresiones y arengas políticas el tema de los salarios de la burocracia y transformarlos en banderas de reivindicación social es un juego peligroso. No sólo por su impacto directo en el complejo engranaje gubernamental sino por su trascendencia hacia las condiciones de estabilidad social. Hacer que la sociedad vea a los servidores públicos como beneficiarios de privilegios inmerecidos es injusto y de una pobreza humana terrible. Estoy cierto, no es el sentir ni del Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador ni de su equipo de trabajo, pues hay conciencia que la mayor parte de la burocracia son personas que viven de su salario y prestaciones legales que no son emolumentos desproporcionados o indignos. Sin embargo, hay voces en la sociedad que exigen castigar al aparato burocrático y someterlos a condiciones laborales y salariales que, lejos de coadyuvar en la mejoría en el servicio público, coadyuvará en su pauperización y abonará a la ineficiencia.
Cierto, existen prestaciones, prebendas y privilegios, como son el pago de comidas uso excesivo de vehículos o viajes suntuosos y lujos que, indudablemente, no hay forma de justificarlos y no deben ser solapados, pues son excesos desproporcionados y gastos superfluos e innecesarios. Sin embargo, es importante hacer notar que estos son excepcionales, ajenos a la situación salarial y que están muy bien ubicados y —estoy convencido— en breve, habrán de terminar.
Por ello —creo— el debate público debiera centrarse en mejorar el salario de todos los mexicanos y de su poder adquisitivo, y no el encaminarlo hacia un linchamiento, a modo de lapidación pública, hacia los funcionarios públicos que, para bien o para mal, deben mantener las garantías necesarias para la realización, profesional y eficiente, de las funciones que les son encomendadas por la ley.
@AndresAguileraM