La semana pasada nuevamente tuvo lugar en nuestro país uno de los enfrentamientos más arraigados en el colectivo social: la despenalización del aborto. Durante toda la semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dedicó gran parte de sus sesiones a debatir en torno a la constitucionalidad de las reformas a las Constituciones locales de Baja California y San Luis Potosí, en torno a la regulación que establecieron en sus textos sobre el derecho a la vida y su protección desde el momento de la concepción.
La discusión –álgida e irreconciliable como siempre– generó que las pasiones entre conservadores y liberales se agitaran en gran parte del territorio del país, se promovieran movilizaciones e, incluso, tuvieran lugar pronunciamientos por parte de un número importante de políticos y comunicadores. Unos en contra y otros a favor, con los ánimos caldeados y la razón obnubilada, se hicieron comentarios y se difundieron mensajes notoriamente esquizoides, revestidos absolutamente de visceralidad carentes de razonamiento que, lejos de beneficiar al bando que los emitiera, los perjudicó al abrir más la brecha –ya de por sí irreconciliable– en torno al tema a debate.
Dentro de estas posturas esquizoides y completamente revestidas de fanatismo, encontramos una declaración del Obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero Macías, quien afirmó, con absoluta irresponsabilidad, cinismo y desfachatez que “por nada y perdemos pero… no me pregunten ni a quién, ni cómo, ni en qué momento… pero el propio… ‘Santo Padre’ habló con alguien muy arriba para evitar que los Ministros se pronunciaran por la inconstitucionalidad de la Reforma.”
Ante este espíritu evidente de confrontación, muchas voces –incluido quien escribe– nos manifestamos en contra de la intervención de religión alguna en las acciones de gobierno.
Inmediatamente, dada la indiscreción, imprudencia y estulticia del jerarca católico, el Vaticano negó tal acontecimiento, afirmando que el Papa no había hablado con ninguno de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y, efectivamente, los integrantes del más alto tribunal del país reiteraron que no recibieron comunicado alguno de la capital del catolicismo mundial. Sin embargo, las declaraciones –estultas e imprudentes– abrieron un dejo de sospecha en torno a la participación de la Iglesia Católica en los asuntos del Estado y a la cercanía ideológica del Presidente de la República, identificada invariablemente con el movimiento “Demócrata Cristiano”, que permite presuponer la intervención en la discusión del tema, pues días antes, el Presidente de la República refrendó su postura en contra de la interrupción legal del embarazo y su respeto a la vida.
De confirmarse lo anterior, estaríamos ante la presencia de una intentona de la Iglesia Católica por inmiscuirse en las cuestiones del Estado, que es una situación que no debemos permitir, pues la historia nos ha mostrado que, cuando esta institución –política al fin y al cabo– interviene en la vida del gobierno mexicano y se trastoca el espíritu laico de nuestra Constitución, se detiene el desarrollo del país en demérito del bien público. Por ello, hoy más que nunca se hace oportuna la frase bíblica que reza “Dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.”