Si es cierto como dijo el gobernador michoacano Silvano Aureoles, que los
hombres que sometieron, desarmaron y vejaron a 12 militares en La Huacana son delincuentes, pues peor, mucho peor. Pobre favor hizo Aureoles al titular de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y aún al presidente López Obrador con esa afirmación, que de comprobarse –algo que debería hacerse de manera obligada- le propina un golpe bajo al gobierno de la 4T y, mucho peor aún, a la institución castrense del país, una de las pocas si no la única, que nos queda en México, para enfrentar el flagelo de la delincuencia que está al tope.
No se trata de ser alarmista, tampoco de desacreditar al gobierno de la 4T y mucho menos de censurar al Ejército que como digo es todavía un baluarte de este país. Al contrario, el objetivo de hacer notar los hechos en La Huacana es alertar sobre la gravedad del propio episodio y de las consecuencias que podrían derivar de éste.
Es terriblemente grave que ni siquiera el Ejército esté en condiciones de someter a delincuentes encubiertos, cínicamente descarados o, peor aún, solapados por gente del pueblo. Un hecho de esta magnitud implica en los hechos la subversión del orden establecido y la supresión de las garantías constitucionales que deben resguardar los militares en un punto extremo como el que vivimos. Significa de igual forma, el sometimiento de la institución castrense al poder de la delincuencia, un hecho evidentemente muy grave y delicado. Implica también la burla y desdén al comandante supremo de las fuerzas armadas del país, en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y significa al mismo tiempo, el reto abierto y total a la autoridad instituida. Baste escuchar el léxico empleado por uno de los “rebeldes” al exigir a un jefe militar la devolución de armas de alto poder, entre ellas una Barrett, un fusil de largo alcance y poderío que no debería estar en manos de ningún civil, de ninguno, insisto.
Añada a esto, el golpe de naturaleza moral para todos los miembros del organismo armado, el Ejército, la Marina y aún la propia Guardia Nacional, cuyo debut en el teatro de operaciones está anunciado hacia fines de junio.
En pocas palabras, lo que vimos el 25 de mayo último, es una derrota –asi sea episódica- de los militares por parte de la delincuencia organizada con apoyo social. Demasiado grave para desdeñarlo.
De otro lado, el episodio de La Huacana también podría anunciar una escalada militar como represalia por la osadía perpetrada en su contra, lo que tampoco sería un buen acuerdo. Los hechos de La Huacana constituyen el peor contexto para el pronto inicio de operaciones de la Guardia Nacional.
El mensaje del general Sandoval, titular de la Sedena, tampoco fue el mejor para la institución a su cargo. Constituye un golpe a la fortaleza y moral de los militares. Admitir públicamente que fue mejor el sometimiento de los 12 militares a una respuesta puede leerse como un llamado a bajar la guardia ante delincuentes o civiles enardecidos, pero también un paso atrás en la defensa del honor, valor y determinación de los militares para hacerse respetar, no por sus armas, sino por los valores que representan para el país en su conjunto. Pésima señal, más aún si la orden proviene del comandante supremo de las fuerzas armadas. Cuidado con este tipo de eventos. Es aconsejable un protocolo mínimo para enfrentarlos, más aún si se trata de delincuentes embozados. Se pone mucho en juego en una atmósfera demasiado precaria y vulnerable para todos.
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@RobertoCienfue1