Francisca Lino, una indocumentada mexicana y madre de seis hijos, quien desde hace tres meses está refugiada en una iglesia de Chicago, Illinois, interpuso una demanda contra el gobierno estadunidense por violaciones a sus derechos civiles, en un intento para evitar su deportación.
Lino se refugió en la Iglesia Metodista Unida Adalberto, en vez de entregarse en agosto pasado a las autoridades de inmigración, que pretendían ejecutar una orden de deportación en su contra.
El templo ha servido de “santuario” a varios indocumentados, incluyendo a la mexicana Elvira Arellano, convertida ahora en una activista en favor de los derechos de los inmigrantes.
Lino interpuso esta semana a través de sus abogados una demanda federal por violación de derechos civiles, argumentando que el gobierno de Estados Unidos quebrantó sus derechos bajo la Quinta Enmienda de la Constitución, la primera vez que ingresó a Estados Unidos y fue deportada rápidamente sin el debido proceso.
Su detención y deportación en 1999, provocó que Lino no fuera elegible para ser residente legal en Estados Unidos, luego de contraer matrimonio con un estadunidense, lo que, argumenta, le causó "la pérdida de la libertad, estrés, ansiedad y el desplazamiento físico".
Después de que su primer intento de ingresar al país fracasó, Lino volvió a cruzar la frontera, esta vez con éxito y se asentó en Chicago, donde luego se casó con un ciudadano estadunidense. La pareja tiene cuatro hijos, más otros dos de relaciones anteriores.
Las autoridades migratorias la volvieron a identificar en 2005, durante una entrevista para obtener su residencia permanente o “green card”, en la que no reveló que había sido arrestada previamente en la frontera.
Chris Bergin, abogado de Lino, dijo que su cliente había sido víctima de un fraude notarial al llenar la solicitud de residencia y que ella había sido honesta con los funcionarios de inmigración desde el principio.
Además explicó que planea usar la demanda interpuesta esta semana para argumentar a favor de una moción de permanencia, a fin de que la mexicana pueda quedarse en el país mientras su querella está pendiente.
La demanda federal nombra como acusado al presidente Donald Trump, al Departamento de Seguridad Nacional, al procurador general de Estados Unidos, Jeff Sessions, y a la Oficina de Inmigración y Aduanas, entre otros.
"Tengo fe en que las cosas saldrán bien. Si no, espero que al menos me den tiempo para reunir mis cosas y arreglar mis asuntos para irme (...) Es una situación difícil. Nadie puede prepararse para esto", dijo Lino en declaraciones al periódico The Chicago Tribune.