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Se presentan más casos ante la Seduvi para frenar obras en construcción que violan reglamentos de uso de suelo u otras normas

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Como parte de las acciones que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, sobre irregularidades en la aplicación de la suspendida Norma 26, fueron presentadas dos demandas más de lesividad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCA), por los Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo para los predios ubicados en Rada No. 44 y Marisma No. 54, en la delegación Álvaro Obregón.

La dependencia capitalina señala que en caso de prosperar las demandas, el certificado, los trámites realizados bajo el amparo de esos documentos, quedarían sin efecto legal alguno.

La Seduvi, explica que en la presente administración se han interpuesto cuatro demandas por la incorrecta aplicación de la Norma 26, suspendida el pasado 19 de agosto hasta el 13 de diciembre.

En los casos de Marisma y Rada, precisó, el pasado 3 de septiembre se solicitó al TCA la suspensión de las obras que se realizan, en virtud de que los expedientes integrados para la expedición de los certificados referidos, no contaban con la corrida financiera correspondiente para ser receptores de los beneficios de la Norma 26 porque de acuerdo con denuncias vecinales, ofertan las viviendas en precios superiores a los que el ordenamiento establece.

La dependencia reiteró que de prosperar los cuatro juicios de lesividad, que están en etapa de admisión de pruebas, tanto el Certificado Único de Uso de Suelo, como los trámites realizados bajo el amparo de esos documentos, quedarían sin efecto legal alguno.

Recordó que el pasado 16 de agosto la dirección a su cargo recibió un escrito signado por vecinos de la colonia San José Insurgentes, delegación Benito Juárez, en el que expresan su inconformidad por la construcción de 31 obras que aparentemente presentan irregularidades al amparo de la Norma 26. Por ello, dijo, se recaba la información y la documentación respectiva, para actuar en consecuencia.

Concluyó que la integración de estos 31 casos, se suman a los cuatro juicios de lesividad anteriormente descritos, que se encuentran radicados en el TCA y a los siete más en proceso de investigación.

 El juicio de lesividad es el medio legal que tienen las autoridades administrativas para revertir una resolución emitida por ellas a favor de un particular, cuando se considere contraria a la ley y cause un perjuicio al Estado.