La Comisión de Desarrollo Municipal, presidida por el diputado Emilio Salazar Farías (PVEM), aseguró que las necesidades de los municipios superan la proyección de recursos asignados en el proyecto de Presupuesto 2018, ya que “enfrentan
condiciones muy adversas como el endeudamiento en la hacienda pública, el pago de laudos, mejorar la infraestructura, salud, educación, reconstrucción por los sismos y contingencias ambientales”.
Por ello, solicitó redistribuir los incrementos aprobados a la Ley de Ingresos (43 mil 291.4 millones de pesos) y asignar a un fondo de reconstrucción 20 mil 491.4 millones de pesos (mdp) para los estados y municipios afectados por los temblores de septiembre pasado, debido a que 673 han sido declarados en desastre y cien son considerados con índice global de alto y muy alto riesgo.
“Dichos costos de reconstrucción no se encuentran contemplados en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del año próximo”, estableció la instancia legislativa en la Opinión aprobada por mayoría respecto al gasto federal.
El documento que se entregará a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, precisa que “no se previeron recursos” en el Ramo 23 de Provisiones Salariales y Económicas para siete proyectos y fondos como el de Desarrollo Regional; Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal; Programa de Seguridad y Monitoreo en el Estado de México; Fondos para Fronteras y de Apoyo a Migrantes y Fortalecimiento Financiero.
Lo anterior, representa una reducción de 35 mil 094.2 mdp, es decir, 71.5 por ciento menos en comparación con lo aprobado en el ejercicio fiscal 2017; la propuesta de gasto federalizado para ese ramo asciende a 14 mil 940.7 mdp, explicó.
Propuso establecer montos por cada programa del Ramo 23, en los cuales se considere una cantidad similar a lo aprobado en el ejercicio fiscal 2017 que ascendió a 50 mil 034.9 mdp, a fin de apoyar el desarrollo municipal con criterios de aplicación en servicio básicos de infraestructura.
Destaca que las necesidades de la infraestructura municipal y de los diversos sectores, “no se garantizan en cuanto a su cobertura con los recursos propuestos en el proyecto del PEF 2018, lo que seguirá propiciando grandes contrastes en regiones, entidades federativas y municipios”.
Derivado de lo anterior, la instancia legislativa envió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública propuestas de modificaciones al proyecto de Presupuesto 2018, con el propósito de que “considere su viabilidad” para lograr mayor desarrollo municipal con una perspectiva integral y nacional.
El diputado Salazar Farías expresó su convicción de fortalecer la solicitud de recursos suficientes en apoyo de los municipios, “es pedir lo justo más allá de partidos e intereses personales, es sólo lo que corresponde”.
Subrayó la necesidad de que la Comisión de Presupuesto considere todas las propuestas de los diputados, puesto que cada ayuntamiento enfrenta condiciones difíciles como deudas y laudos laborales pendientes de pago. Refirió que la comisión captó 2 mil 100 propuestas de proyectos municipales.
El legislador priista, José Luis Orozco Sánchez Aldana, apuntó que la propuesta de gasto federal para el próximo año genera grandes desafíos, por lo que llamó a gestionar recursos para los municipios y no detener la construcción de obra pública. “Debe hacerse un energético llamado a la Comisión de Presupuesto para que se atiendan las propuestas de los ayuntamientos y no quede en letra muerta, a través de la unidad entre las fracciones parlamentarias”.
La diputada Silvia Rivera Carbajal (PRI) lamentó que no se etiqueten recursos de forma igualitaria para todas las propuestas en apoyo a los municipios. Cuestionó los motivos para los que sí se destinan fondos a algunos proyectos y a otros no. “No pedimos para nuestro partido ni para nosotros mismos, sino para las comunidades, que como en Guerrero tiene graves problemas de inseguridad, carece de fuentes de empleo y prevalece extrema pobreza”, resaltó.
Por el PAN, el diputado Cesar Flores Sosa pidió promover acciones reales y no simuladas para captar recursos que impulsen el desarrollo de ayuntamientos, así como atacar frontalmente a la corrupción en los fondos destinados a ese nivel de gobierno.
La legisladora del PRI, Guadalupe Alcántara Rojas, sostuvo que la expectativa de los presidentes municipales al solicitar fondos se convierte en ilusión y frustración al no ser atendidas sus peticiones. Propuso definir una fórmula para que la Secretaría de Hacienda conozca anticipadamente sus necesidades, a fin de que etiquete los recursos en el proyecto del PEF que entrega a la Cámara de Diputados.
El diputado Ariel Juárez Rodríguez (Morena) sostuvo que “la cancha no es pareja” porque se privilegia la distribución de recursos a unos municipios y a otros no se les atiende, tendencia que consideró “grave y no un asunto menor por la corrupción que puede generar”.
Del PRD, el legislador José Santiago López, cuestionó las acciones infructuosas para captar fondos que promuevan a los ayuntamientos, pese a las buenas intenciones para gestionarlos. Pidió que la Comisión de Presupuesto tomen en cuenta las propuestas de los diputados, a fin de etiquetar recursos.
La diputada priista, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, refirió su preocupación por la reducción de los montos de recursos que reciben los municipios, pese a tener más población marginada o rezago. Propuso hacer un análisis para premiar a los ayuntamientos que hacen bien las cosas en lugar de bajar el porcentaje, y pidió reforzar el control interno en las alcaldías que garanticen el adecuado uso y destino presupuestal.
Por otra parte, Guadalupe Sánchez Palacios, directora general adjunta de Fomento y Descentralización del Federalismo, del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), expuso a los diputados la propuesta para elaborar una agenda municipal de prevención de riesgos, a fin de que conozcan los peligros inminentes de su territorio, la población expuesta y disminuir los impactos naturales.
El objetivo es difundir medidas preventivas de acuerdo a las necesidades de cada ayuntamiento que les permitan estructurar sus programas de protección civil, debido a que algunos carecen del Atlas de Riesgos y eso les impide tomar las acciones para enfrentar una eventual emergencia.
Nayibee Domínguez Reyes, directora de Profesionalización y Capacitación del Servicio Público Local del Inafed, refirió la debilidad de reacción municipal ante un desastre natural, lo cual exige otorgarle herramientas para que desarrolle planes y programas de protección civil.
Señaló las ausencias de reglamentación en protección civil y profesionalización del personal encargado de esta área; menos del 50 por ciento de los ayuntamientos tienen un área encargada de atender contingencias. De los 2 mil 446 municipios a nivel nacional sólo 751 tienen reglamento en protección civil y 197 cuentan con uno para bomberos.
Óscar Zepeda Ramos, director de Análisis y Gestión de Riesgos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), –que ha desarrollado las agendas municipales de prevención de riesgos a nivel piloto, -indicó que esta estrategia se basa en conocer los peligros que existen en el entorno para identificar el impacto de los desastres, ya sea por un sismo, inundación o un accidente de origen químico.
La agenda se nutriría del atlas nacional y regional de riesgos, porque muchos municipios no cuentan con un mecanismo de este tipo; dicho instrumento ofrece recomendaciones a las autoridades para que decidan qué obras públicas pueden realizar en corresponsabilidad con los tres órdenes de gobierno y el sector privado.
Los beneficios se reflejan en contar con información que facilite la creación de planes de protección civil y se desplieguen acciones preventivas.