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Agudiza crisis de Fonaturonatur

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Agudiza crisis de Fonaturonatur

Agudiza crisis de Fonatur El Fondo Nacional de Fomento al Turismo acarrea pasivos por más de 4 mil 320 millones de pesos

Angel Iturralde/Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.


Luego de haber fracasado los llamados Centros Integralmente Planeados (CIP) por el Gobierno federal, en la pasada administración en Playa Espíritu Santo, Sinaloa e Ixtapa-Zihuatanejo, en Guerrero; así como recursos adicionales y préstamos canalizados para estos megaproyectos, en 2009 Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) acarrea pasivos por más de 4 mil 320 millones de pesos, duplicando el valor de sus presupuesto anual y no se ven alternativas para palear la problemática.
Ante ello el organismo analiza su papel en la “gestión de los servicios municipales. Su nuevo titular Héctor Martín Gómez, ha reconocido que los problemas de Fonatur se deben por la debacle de 2009 y los créditos pedidos para el CIP de Playa Espíritu. Ante la gravedad del asunto la titular de la Sectur, Claudia Ruiz Massieu Salinas, reveló que: “se explora nuevas opciones para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ayude a consolidar los destinos que no fueron concebidos” como centros integralmente planeados (CIP) por el Gobierno federal, y se analiza el papel de este organismo en la “gestión de los servicios municipales”. Los pasivos de Fonatur actualmente sobrepasan casi al doble su propio presupuesto (96.7 por ciento), ya que sus recursos para 2013 son de 2 mil 41 millones de pesos, mientras que representan 77 por ciento del presupuesto de toda la Secretaría de Turismo, que es de 5 mil 211 millones de pesos. Documentos de la dependencia al 31 de diciembre de 2012, señalan a detalle que sus mayores pasivos provienen de instituciones bancarias, a las cuales adeuda más de 3 mil 975 millones de pesos. Ya recientemente el presidente de la Comisión de Turismo de la Confederación Nacional de Gobernadores, Roberto Borge Angulo, indicó que Fonatur debe ser rescatado debido a sus altos problemas financieros. Sus tres principales acreedores en este rubro son el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), con mil 710 millones de pesos; el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), con mil 28 millones, e Inbursa, la única institución privada, con 872 millones 419 mil pesos. A escala mundial, Fonatur también cuenta con pasivos, ya que al Banco Interamericano de Desarrollo le debe 216 millones 323 mil pesos. A Arrendadora Banobras le adeuda 147 millones 530 mil pesos. Con sus proveedores suma un adeudo de 39 millones 315 mil pesos, entre los cuales se encuentran desde agencias de viajes como Corporate Travel Services, firmas como Ingeniería y Conservación de Obras y hasta gobiernos locales como la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa.
De estos pasivos con 22 de sus proveedores tiene vencimientos trimestrales y semestrales en 2013, que en total ascienden a 5 millones 314 mil pesos. Algunas de estas compañías son Focus on Services (2 millones 239 mil pesos) y las personas: Betanzos Ruiz Jani (818 mil 411), Bobadilla Arellano Lourdes (697 mil 617), Gama Rubio Elsa (330 mil 224) y Soto Soto Verónica (319 mil 408).
Fonatur indicó que estos adeudos se pagarán una vez que su gerencia de tesorería cuente con la información de soporte integrada conforme a la ley y con la recepción de la solicitud de pago según la normatividad interna de esta entidad. Otro de los pendientes que tiene Fonatur es la comercialización de inmuebles. Se dio a conocer que para 2012 incumplirá su meta al respecto de 615 millones de pesos. De acuerdo con un informe del organismo turístico, indicó que solamente llegará a una cifra de 517 millones de pesos, es decir, casi 16 por ciento debajo de lo estimado. En 2011 se registró la misma situación de incumplimiento en su meta anual de comercialización, ya que se llegó a un monto de 238.16 millones de pesos, lo que significó un mínimo avance de 24 por ciento de lo presupuestado para los 12 meses. Acciones para revertir la crisis financiera Durante su presentación en el Foro Nacional de Turismo, Héctor Martín Gómez Barranza, director general de Fonatur, puntualizó que en 2009 se adquirió un fuerte préstamo con Banobras por mil 200 millones de pesos para la compra de terrenos del CIP, lo que vino a generar una situación financiera difícil. El funcionario señaló que anualmente dedicarán 380 millones de pesos en intereses creados por la deuda, recursos que pudieran ser utilizados para otras actividades del fondo; “nos duele tener que dedicar varios millones de pesos para solventar la deuda”. De acuerdo con datos de Fonatur y la Auditoría Superior de la Federación, la deuda de Fonatur asciende, hasta el cierre de 2012, a 4 mil 600 millones de pesos, con lo cual sobrepasaba en casi el doble su presupuesto (96.7 por ciento) y representaba 77 por ciento del total de recursos de la Secretaría de Turismo (Sectur). Héctor Gómez Barraza informó que desde que tomó la riendas del fondo el 1 de diciembre, se emprendió un proceso de reestructura de la deuda que ya generó resultados, dado que para este año se logró una reducción de 6 por ciento (280 millones de pesos). De esta forma, los pasivos totales de Fonatur se encuentran en 4 mil 320 millones de pesos, apuntó su director general. Gómez Barraza señaló que con este escenario el fondo está en una situación desarticulada y con problemas financieros. Héctor Gómez Barraza señaló que en los últimos años el fondo dejó de otorgar financiamiento a empresas del sector, a pesar de ser unas de sus funciones principales, por lo cual se abocarán a que esta actividad regrese y se pueda apoyar al sector con recursos. El proyecto fracaso Tras 25 años de no construirse un Centro Integralmente Planeado (CIP) en México, la administración de Felipe Calderón presentó en 2009 un proyecto para Sinaloa, con el nombre de Teacapán, después Playa Espíritu. El proyecto se dio a conocer como uno de los más grandes en el sector turístico, ya que se informó que se tenía contemplado en su proyecto original 40 mil habitaciones, el doble de Cancún, Quintana Roo. La Secretaría de Turismo (Sectur) señaló que la inversión para este CIP en la región del Pacífico requeriría recursos por 12 mil 200 millones de pesos y detonaría recursos privados por 170 mil millones de pesos. Para la instalación de este proyecto, el Gobierno federal compró los terrenos al señor Antonio Toledo Corro, ex gobernador de Sinaloa, por 119 millones de dólares. Asimismo, el Gobierno federal mencionó que este proyecto sería el primer CIP sustentable, por lo cual se le daría todo el apoyo para darlo a conocer. Tras el cambio en la administración de Sectur, de Rodolfo Elizondo a Gloria Guevara Manzo, se decidió cambiarle el nombre en 2011 a esta obra para hacerla atractiva a los inversionistas y que pudiera ser más fácilmente recordada, de esta forma se decidió ponerle Playa Espíritu. En su momento, el gobernador de Sinaloa argumentó que Playa Espíritu no es un proyecto de aventura, sino un destino garantizado que tiene un fideicomiso con un presupuesto multianual, en el cual ya se tienen garantizados 3 mil 200 millones de pesos.

 

Se reunió con la ANPERT para enriquecer su planteamiento

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Modernizar ley de medios;
propuesta de Luis Sánchez Jiménez
• Se reunió con la ANPERT para enriquecer su planteamiento

La Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión tuvo una enriquecedora charla con el senador Luis Sánchez
ANPERT
Lorenzo Martínez Vargas
Fotos: Eloy Zuñiga
La manifestación de las ideas no debe ser objeto de ninguna inquisición judicial, por lo que se deben derogar las leyes que penalizan aspectos de esta actividad, advirtió el coordinador parlamentario del PRD, en el Senado de la República, Luis Sánchez Jiménez. Significó que el Derecho a la Información y la crítica se transforman en instrumentos de conducción democrática de las instituciones y sirven para combatir la corrupción, los actos indebidos del gobierno, las arbitrariedades de los consorcios con poder económico. Además, sirve contra el abuso de los prestadores de servicio y un sinnúmero de prácticas sociales que atentan contra el libre desarrollo de la nación. Aseguró que es vital constitucionalizar a la opinión pública y a la esfera pública en donde se desarrolla, a fin de garantizar la verdadera y efectiva libertad de expresión, que no se sujeta a los intereses y restricciones de fuerzas reales de poder o grupos de presión. Al presentar la Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica el artículo Sexto Constitucional, de su autoría, ante los miembros de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión (ANPERT), encabezada por Vlaidmir Galeana, presidente y Eduardo Ramos Fusther, vicepresidente del organismo, el Senador Sánchez Jiménez, dijo que el derecho a la información y su correlativo, la libertad de expresión, no se agotan en el ámbito de los órganos del Estado. Ante los cuestionamientos de los académicos Claudia Segura, Alejandro Olvera, Alejandro Álvarez Manilla, Leopoldo Mendivil y Vladimir Galeana Solórzano, el senador reconoció que se necesitan expertos en la materia para que esa iniciativa esté vinculada con la realidad actual de nuestro país. Al respecto, se comprometió para hacer todo lo posible para instalar una mesa de debates en el Senado de la República, para que participen los miembros de la ANPERT y otros especialistas en la materia para analizar las necesidades sentidas del Derecho a la Información en beneficio de todos. Dijo que lejana y opuesta a la restrictiva y penal Ley de imprenta, la propuesta de reforma constitucional que presentamos tiene por objeto ampliar la libertad de expresión y proteger a la opinión pública. Así, en su iniciativa, quedan abolidos todos los delitos, consecuencia de la manifestación de ideas, la censura y la mordaza del Estado y de las corporaciones privadas, para constituir la más amplia libertad tanto a la expresión de los ciudadanos en lo individual y en lo colectivo como la de periodistas, científicos, artistas, académicos, organizaciones sociales, trabajadores, consumidores y toda aquella persona que haga uso de la expresión pública de sus ideas. El senador perredistas, comentó:  “El régimen de opinión pública, que con la reforma al artículo 6 de la Constitución pretendemos instituir, será el puntal para generar en México un real Sistema Democrático de Gobierno”. Se trata de legitimar y legalizar a la opinión pública como criterio y punto de referencia para el control constitucional del poder social, económico y político de los medios de comunicación masiva y de las instituciones públicas. Sánchez Jiménez, durante un desayuno con los miembros de la ANPERT presentó el proyecto de Decreto que señala, entre otras cuestiones: Artículo único.- Se adiciona un apartado C al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial. C.- Nadie puede ser molestado, discriminado o censurado a causa de sus opiniones o de su derecho a investigar, recibir informaciones, opiniones y difundirlas por cualquier medio de expresión. Para garantizar este derecho el Congreso de la Unión expedirá una ley de carácter federal conforme a las siguientes bases: I. Será de orden público el espacio en el que la opinión pública se genera, difunde, divulga y propaga en la vida social de la Nación o en los medios de comunicación social, tales como periódicos, revistas, radio, televisión, internet y cualquier otro que tenga por objeto comunicar.

II. Garantizará el derecho a la discusión pública y libre de los asuntos relacionados con la Federación, los estados, los municipios, los órganos autónomos del Estado y cualquier institución pública o privada, entre otros artículos. Explicó que el artículo 6to. de la Constitución fue reformado en 1975 por el Senado, para dar cabida al derecho a la información, pero hasta la fecha falta la aprobación de la Cámara de Diputados y de las legislaturas locales.El reporte de la auditoría explica que se realizó una comparación de los ingresos recaudados, que ascendieron a 2 billones 49 mil millones de pesos, y devoluciones por 283 mil millones de pesos, con lo cual se definió que éstas ascendieron a 13.8 por ciento de los ingresos tributarios. Es urgente que la nueva administración mejore la supervisión y no evite el castigo de los responsables de una cuenta dispareja, que hace tanto daño al país.

PAN Veracruz, botín de Yunes

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- Afirma Juan Manuel Oliva que cuentan con más del 50 por ciento de las preferencias en el estado
- Acusan a Javier Duarte de meter la mano en la decisión

Javier Duarte, Gobernador de Veracruz y Miguel Ángel Yunes Linares son los principales culpables de que se haya roto la alianza que signaron el PAN y el PRD para la renovación de las 212 alcaldías y el Congreso Local.
En base a lo que los dirigentes locales de ambos partidos ya están tomando medidas para hacer respetar esta unión.
Ante la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz de invalidar la alianza electoral que signaron hace menos de un mes el PRD y PAN para enfrentar las elecciones locales del 7 de julio, cuando se elegirán 212 alcaldes y 50 diputaciones locales (30 de mayoría relativa y 20 de representación proporcional), comienzan a surgir las primeras reacciones.

Parte de ese boicot a la alianza, está comandado por Miguel Ángel Yunes Linares quien de esa manera busca fortalecerse al interior del blanquiazul, a sabiendas de que no es bien visto por los perredistas, quienes le recriminan su cercanía con la secretaría General del SNTE, Elba Esther
Gordillo. En entrevista para “Voces al Aire”, programa transmitido por el 760 de AM y conducido por el director general de este diario Eduardo
Ramos Fusther, el secretario general adjunto de elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN , Juan Manuel Oliva Ramírez reiteró que esta es solamente una decisión política.


“Es un ataque sistemático contra esta alianza ganadora, desde hace semanas comenzó una campaña de desprestigio” Y subrayó: “Detrás de esta resolución esta la mano del gobierno del estado, así como la campaña de guerra sucia que se ha venido dando en los medios desde hace unas semanas”.

El que fuera Gobernador de Guanajuato explico cómo se realizó lo que considera una intromisión: “Los consejeros avalados por el IFE ni siquiera son militantes del partido, para de esa manera buscan cambiar el consejo y modificar la decisión que ya se había tomado”.

Oliva se comprometió a apoyar al partido del Sol Azteca en todos los trámites que se necesiten parta hacer valer sus derechos “El PAN acompañará al PRD a todas las instancias que sean necesarias, porque ya sabemos que detrás está el ex gobernador Fidel (Herrera), ya sabemos cómo se la juegan los del Revolucionario Institucional”. Continuó: “Ahí está el evento, La resolución de esta instancia, que a todas luces se entromete en las acciones internas de un partido. El PRD ha de demostrar que en el consejo político se hizo una votación de 8 a 5 a favor de la coalición, lucharán jurídicamente para hacer valer la decisión y nosotros los acompañaremos”.

Al ser cuestionado sobre el motivo del temor de los priistas sentenció que es porque tienen a favor un porcentaje ganador. “La suma de los votos de los porcentajes de una potencial alianza dan arriba del 50 por ciento, es por eso el miedo del gobernador y de la gente del PRI”D ECISIÓN DEL TRIFE

Al resolver cuatro juicios de protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos interpuestos por militantes del PRD, dicho órgano jurisdiccional decidió anular dicha coalición que se encuentra ya registrada ante el Instituto Electoral Veracruzano bajo el nombre de “Gran Alianza por Ti”.

Los magistrados consideraron que se violentaron los estatutos internos del Partido de la Revolución Democrática que establecen que el 60 por ciento de los integrantes de la Comisión Política Nacional de este partido deben votar a favor de este tipo de uniones, lo cual supuestamente no ocurrió.

Los dirigentes estatales del PRD y PAN, Juan Vergel Pacheco y Enrique Cambranis Torres, anunciaron que recurrirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para inconformarse ante dicha resolución.

SE METE EL GOBIERNO ESTATAL

Ambos denunciaron que detrás de este dictamen se encuentra la mano del Gobierno estatal, que desde hace semanas inició una campaña de desprestigio y guerra sucia en contra de dicha alianza.

La andanada de recursos legales contra la alianza opositora se agudizó el jueves pasado cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado acreditó a 100 consejeros políticos perredistas. El dirigente estatal del PRD, Juan Vergel Pacheco, aseguró que esa resolución era una nueva arremetida oficial para echar abajo la alianza electoral PRD-PAN, pues muchos de esos consejeros avalados por el presidente de dicho tribunal estatal, Daniel Ruiz Morales, ni si quiera eran militantes del sol azteca.

El Partido de la Revolución Democrática denunció la intromisión del gobernador priista de Veracruz, Javier Duarte en el proceso electoral local, así como del secretario general de gobierno, Gerardo Buganza, en las decisiones internas de este instituto político, lo cual está generando una situación caótica y parcial, pues el Tribunal local no está actuado democráticamente al echar abajo la coalición PRD-PAN.

Rafael González Nava

Confirma TEPJF Infundada Queja Contra Compromiso por México.

  • Escrito por Gabriel Castillo/AMR
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Se le acusaba de repartir propaganda Ilegal con Tarjetas Telefónicas.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) que declaró infundado un procedimiento especial sancionador presentado en contra de la otrora coalición Compromiso por México (PRI-PVEM) y su candidato a la presidencial, por la difusión de propaganda electoral dentro del período conocido como “veda”, a través de mensajes grabados que podían escucharse mediante el uso de tarjetas telefónicas repartidas por esos partidos.
En el proyecto de sentencia, elaborado por la ponencia del magistrado Pedro Esteban Penagos López, se concluyó que contrario a lo que argumentó el Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien impugnó la resolución del IFE, la autoridad administrativa electoral sí fue exhaustiva en la investigación del caso, ya que en los procedimientos especiales sancionadores la carga de la prueba corresponde al denunciante y, si consideraba necesaria la realización de determinadas diligencias, debió especificarlo o solicitarlo.
Además, las circunstancias no dieron oportunidad para la realización de nuevas diligencias. Según el denunciante, al llamar a un número impreso en las tarjetas distribuidas por los partidos políticos mencionados, se escuchaba una grabación con propaganda electoral a favor de su candidato presidencial, lo que fue difícil de corroborar dado que el PRD no ofreció en concreto alguna prueba idónea para tal efecto. La demanda se presentó el  28 de junio de 2012, fecha comprendida en el periodo de “veda”, a las 22:34 horas, por lo cual no hubo oportunidad de desahogar alguna otra diligencia.
También se consideraron  infundados los agravios relacionados con una indebida valoración, por parte del IFE,  de las pruebas aportadas que consistieron en dos videos a través de los cuales se quiso demostrar la falta, los cuales por su naturaleza son insuficientes para tal efecto.
Es legal la renuncia de presidente municipal de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca
El Pleno confirmó el Decreto 1378 emitido por la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, a través del cual se aprobó la designación de Enrique Martínez Chávez como presidente municipal sustituto de Magdalena Apasco, Etla, ante la renuncia de Antonio Pérez Montes, quien impugnó el acuerdo con el argumento de que violó su derecho político-electoral a ser votado, en su vertiente de permanencia en el cargo.
En el proyecto de sentencia elaborado por la ponencia del magistrado Constancio Carrasco Daza, el cual fue aprobado por unanimidad, se establece que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó dicha sustitución, al resolver una controversia constitucional relacionada con la entrega de participaciones a ese municipio, por lo que el acto reviste la calidad de cosa juzgada y no permite que la Sala Superior despliegue un estudio de los aspectos ya dilucidados.
El Magistrado ponente indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no podía tomar la determinación de validar la entrega de participaciones a un presidente municipal sustituto, sin pronunciarse de manera previa sobre la validez o no de la renuncia de quien ahora promovió un juicio ciudadano ante el TEPJF. “No era posible desde la perspectiva que nosotros planteamos, que la Corte hiciera un pronunciamiento que no implicara una decisión jurisdiccional a través de la controversia sobre estos aspectos”, dijo.
Por su parte, el magistrado Manuel González Oropeza comentó que el proceso de la validación de la renuncia de Pérez Montes y la entrega de participaciones al municipio a través de su sustituto se ajustó al debido proceso legal y no fue sino hasta el 2 de enero del año en curso que el actor planteó sus argumentos. “Por lo tanto, no puede venir nuevamente, después de haberse agotado con toda precisión y formalidad el procedimiento de su separación del cargo, a desdecirse y a decir que finalmente no había presentado él su renuncia”, apuntó.
Deberá Comisión de Orden del PAN resolver de inmediato recurso de reclamación
La Sala Superior ordenó a la Comisión de Orden del Partido Acción Nacional (PAN) que emita, de inmediato, la determinación que en derecho proceda ante el recurso de reclamación promovido por Teresa Garduño Suárez, quien se inconformó con la decisión de expulsarla de dicho instituto político.
En el proyecto de sentencia, elaborado por la ponencia del magistrado presidente José Alejandro Luna Ramos, se indica que el órgano partidista se encuentra dentro del tiempo establecido para resolver el recurso de reclamación; sin embargo, consideró que con el fin de propiciar el acceso a la impartición de justicia pronta, completa e imparcial, tutelada por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que dicha Comisión resuelva de inmediato la queja.
Durante la sesión pública se resolvieron 10 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un recurso de apelación, lo que hace un total de 11 medios de impugnación. Asimismo se aprobaron una jurisprudencia y dos tesis.

Aprueba IFE, Integración de Comisiones Permanentes y Órgano Garante.

  • Escrito por Gabriel Castillo/AMR
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El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), en sesión extraordinaria, aprobó -por unanimidad- la integración provisional de las comisiones permanentes y del Órgano Garante de la Transparencia y el Acceso a la Información, hasta en tanto no se cuente con la totalidad de los integrantes que la ley establece.
El Consejero Presidente, Leonardo Valdés, manifestó que ante la ausencia de un integrante del Consejo General es necesario replantear las cargas de trabajo, con el objetivo de cumplir con la obligación constitucional y legal del IFE.
La integración provisional de las Comisiones -dijo- ayudará a resolver todos los asuntos, dar continuidad a los programas y cumplir con las responsabilidades que tiene la autoridad electoral.
“Quiero recordar que no es la primera vez que el IFE enfrenta una situación de esta naturaleza, es ya la tercera ocasión –diciembre de 2007; febrero de 2008, y de noviembre de 2010 a diciembre de 2011- en la que nos encontramos con una integración incompleta del Consejo General del Instituto”, mencionó al asegurar que pese a ello, el trabajo de los integrantes del Consejo fue ejemplar para darle continuidad a los compromisos que se tenían de cara al inicio del Proceso Electoral Federal 2011-2012.
El Consejero Presidente hizo votos para que la Cámara de Diputados, en el ejercicio de sus facultades, permita al Instituto contar con los nueve Consejeros que por ley conforman el Consejo General.
Las Comisiones quedarán integradas provisionalmente de la siguiente manera:
Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica
María Macarita Elizondo Gasperín (Presidenta)
Marco Antonio Baños Martínez
Alfredo Figueroa Fernández
Comisión de Organización Electoral
María Marván Laborde (Presidenta)
Francisco Javier Guerrero Aguirre
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y Comité de Radio y Televisión
Lorenzo Córdova Vianello (Presidente)
Marco Antonio Baños Martínez
Benito Nacif Hernández
Comisión del Servicio Profesional Electoral
Marco Antonio Baños Martínez (Presidente)
Francisco Javier Guerrero Aguirre
Benito Nacif Hernández
Comisión del Registro Federal de Electores
María Marván Laborde (Presidenta)
María Macarita Elizondo Gasperín
Lorenzo Córdova Vianello
Comisión de Quejas y Denuncias
Alfredo Figueroa Fernández (Presidente)
Marco Antonio Baños Martínez
Benito Nacif Hernández
Lista de prelación para garantizar en forma permanente el quórum para la toma de medidas cautelares
Lorenzo Córdova Vianello
María Marván Laborde
María Macarita Elizondo Gasperín
Francisco Javier Guerrero Aguirre
Órgano Garante de la Transparencia y el Acceso a la Información
María Marván Laborde (Presidenta)
Contralor General del Instituto Federal Electoral
Un especialista
Director Jurídico
Respecto a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto, el Consejero Presidente, Leonardo Valdés, aseguró que la Comisión se convirtió en un elemento fundamental para garantizar la equidad en la contienda electoral.
Por otra parte, las Consejeras y los Consejeros Electorales desahogaron cuatro quejas presentadas como procedimientos especiales sancionadores, de las cuales una fue declarada fundada, una parcialmente fundada y dos infundadas.
Finalmente, en acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo General resolvió tres sentencias de las cuales dos fueron declaradas fundadas y una infundada.

Figura del arraigo debe desparece coinciden comisiones de la ONU

  • Escrito por Estefana Murillo/AMR
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·Solo 3.3 por ciento de arraigados logran ser consignados
·Se reconoce la PGR como una institución debilitada
El representante del alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México Javier Hernández Valencia, urgió a discutir sobre el arraigo y su impacto pues aseguró es un instrumento que “tiene que ser revisado a la luz de la generación de violaciones de los derechos humanos que propicia y reproduce”.
Durante su participación en el Foro Retos y acciones del Estado frente al arraigo, inaugurado en el Senado de la República, Hernández Valencia, urgió al Estado Mexicano en atender las recomendaciones de los comités de Derechos Humanos y Contra la Tortura de las Naciones Unidas, que coinciden en que la figura del arraigo debe desaparecer en la definición y la práctica, pues “aún con controles y definición más estrecha, la figura misma del arraigo es perjudicial”.
Sobre el tema, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García, declaró que en los últimos dos años se ha arraigado a 4 mil personas, de los cuales sólo 129 fueron procesados, lo que representa 3.3 por ciento contra 96.7 que no consiguieron consignarse por la falta de  pruebas que acreditaran su responsabilidad.
Ante ello, aseguró es necesario fortalecer el sistema de justicia y evitar  que esta figura se utilice de manera excesiva. “su uso debe ser la excepción y no la regla y tiene que ser armónico con los derechos humanos”.
Al asistir al evento inaugural del foro, el coordinador del PRD en el senado, Miguel Barbosa Huerta coincidió en la necesidad de establecer requisitos más estrictos para otorgar este instrumento, ya que aseveró “el arraigo ha sido una figura que se ha utilizado por quienes aplican la ley como una forma de violentar los derechos humanos”.
Durante su intervención informó que ninguna figura procesal va a aplicarse de manera correcta si es que el sistema de justicia y procuración de justicia en México no mejora, por lo que aprovecho para hacer un llamado a los servidores públicos para actuar con responsabilidad y apego a la ley.
En su oportunidad, el senador Miguel Romo Medina, explicó que el arraigo es un tema complejo y recordó que la reforma constitucional de 2008 trajo consigo una serie de circunstancias que se deben revisar por el saldo mostrado en las denuncias por la violación a los derechos humanos y por la crítica de especialistas en la materia sobre dicho instrumento jurídico.
Se reconoce la PGR como una institución debilitada
Al participar sobre el foro de discusión sobre el arraigo, el Subprocurador de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la Procuraduría General de la República, Ricardo García Cervantes, sostuvo que el arraigo es una figura jurídica que en la práctica “ha dejado una secuela de abusos, de violaciones y derechos humanos que ha demeritado a las instituciones”.
El funcionario federal aseguró que estos encuentros con legisladores, expertos y representantes de la sociedad civil, son para la PGR una oportunidad de contribuir en la reflexión “y con toda humildad reconociendo que la Procuraduría General de la República, es una institución debilitada que requiere nutrirse de estos foros de la academia y de la sociedad”, refirió.
Cuando las instituciones se debilitan, explicó, requieren de humildad para reconocer que necesitan nutrirse del análisis académico y de la capacidad de la sociedad para ofrecer soluciones.
Por otra parte, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plascencia, destacó  que existe una renovada esperanza por contar con una nueva rectoría del Estado en diversos ámbitos, principalmente en que los derechos humanos se conviertan en el eje rector de la justicia penal.

Emite Congreso convocatoria para Consejero del IFE

  • Escrito por Luz María Alonso/CFG
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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 214 votos a favor, 188 en contra y ninguna abstención, emitir la convocatoria para participar en el proceso de selección del candidato o candidata a ocupar la vacante de consejero del Consejo General del Instituto Federal Electoral para el periodo 2013-2019.
Pese a los reclamos de diputados del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo, que incluso subieron a la tribuna cameral para dialogar con la priista Patricia Elena Retamoza, quien presidía la sesión, la mayoría mecánica avasalló, criticó Silvano Aureoles Conejo, líder parlamentario del sol azteca.
Será la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la que determine las características, términos y condiciones de la convocatoria, así como las modalidades de procedimiento que se emplee para realizar el proceso de selección, en las próximas semanas
El artículo transitorio propuesto por la Jucopo al pleno de San Lázaro indica que este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el pleno y de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.
El diputado del PRD Marcos Rosendo Medina Filigrana adelantó el voto en contra de su bancada, ya que sólo 20 minutos antes fue entregado el documento a los legisladores federales, por lo que advirtió, opacidad y premura en el procedimiento,  ya que el acuerdo no aparece en el orden del día.
“Esta opacidad genera incertidumbre jurídica y máxime cuando se trata de un asunto tan complejo como es la designación de un consejero del Instituto Federal Electoral, un órgano sumamente cuestionado después de su decisión de Monex y ante la falta de transparencia con la que se han manejado distintos consejeros”, preciso.
A favor habló el priista Héctor Humberto Gutiérrez De la Garza y rechazó el que haya opacidad, ya que este acuerdo es sólo para el efecto de emitir la convocatoria, los  términos de la cual tendrán que debatirse e integrarse dentro de la Junta de Coordinación Política.

Luz María Alonso SáEsta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.">nchez/Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.