Integrantes de la Organización Ciudadana “Somos Más” se manifestaron en la Cámara de Diputados y entregaron formalmente una solicitud para demandar juicio de procedencia en contra de diputados que se desempeñaron como funcionarios
durante la administración del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte.
Carlos Augusto Morales, dirigente nacional de “Somos Más”, cuestionó el proceder de los diputados federales quienes ya tenían una solicitud para iniciarle juicio de procedencia cuando aún Javier Duarte era gobernador, pero que por circunstancias desconocidas la Cámara de Diputados decidió desecharla.
La finalidad es que a los ahora diputados federales se les puedan realizar las indagatorias correspondientes, del presunto desvío de recursos que en el momento de la gestión de Javier Duarte de Ochoa, fungieron como funcionarios de su administración.
Lo anterior, debido a que de las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, se encontró que hubo daño patrimonial en contra del erario público.
En relación al diputado federal Antonio Tarek Abdalá, ex Tesorero del gobierno estatal, se presume que asignó contratos a empresas sin formal constitución por alrededor de 23 mil millones de pesos; Adolfo Mota Hernández, quien fue Secretario de Educación Estatal, erogó 325 millones de pesos para asignar contratos a empresas inhabilitadas por el Sistema de Administración Tributaria Federal.
Nohemi Soyla Guzmán Lagunes, quien fue titular de Protección Civil del estado, realizó un supuesto desfalco por 30 millones de pesos al otorgar contratos a empresas sin constitución formal; Edgar Spinoso Carrera, quien se desempeñó como Oficial Mayor de Educación estatal, es acusado de complicidad en la firma de contratos con el ciudadano Adolfo Mota Hernández.
A su vez, Alberto Silva Ramos quien fuera Secretario de Desarrollo Social, es acusado por la supuesta firma de contratos por 243 millones de pesos, con empresas “fantasmas” y Vicente Benítez González, quien fue Tesorero de la Secretaría de Finanzas del gobierno veracruzano, es vinculado por el presunto dañoi patrimonial que asciende a 15 mil 772 millones 56 mil pesos, derivado de la cuenta pública 2014, presentada por la Auditoría Superior de la federación.
Carlos Augusto Morales López señaló que debido a lo anterior, se solicita la realización de juicio de procedencia en contra de los actores citados, para que una vez que se les retire el fuero, del que actualmente gozan, se les vincule a investigación por parte de las autoridades correspondientes.
Finalmente, Morales López hizo un enérgico llamado a este órgano de representación popular, a no ser cómplice de funcionarios que utilizaron sus cargos con dinero del erario público en beneficio de su persona.