Lo primero que debería de discutirse respecto a la Ley de Seguridad Interior es, si es necesaria o no para el país. Desde un punto de vista muy particular la respuesta es SI, si es necesario legislar en términos de seguridad interior (gobernabilidad, estado de derecho, instituciones)
desde una perspectiva Nacional y actual, privilegiando la seguridad de la población civil mexicana.
Sin embargo, la propuesta de Ley, está elaborada desde una perspectiva de protección y normalización de las intervenciones de las fuerzas militares a labores de seguridad pública que deben ser atendidas por las fuerzas civiles (lo cual es un gravísimo error).
Desde la creación de los Estados Nación, la lógica de los ejércitos ha sido defender al Estado de amenazas extranjeras (principalmente intervenciones de otros Estados para evitar ser colonizados o perder parte del territorio); mientras que la creación de las policías se dio principalmente para garantizar la protección de la propiedad privada. Al día de hoy ninguna de las dos lógicas es suficiente, pues han sido rebasadas por la coyuntura nacional e internacional que demanda instituciones solidas capaces de actuar frente a los nuevos conflictos armados (los cuales ya no son únicamente entre Estados y ejércitos) y nuevos crímenes (los cuales van más allá del robo o daño a la propiedad privada) y por el contrario vemos una tipología del crimen que combina conflicto armado auspiciado por actores internacionales altamente vinculados al crimen organizado trasnacional. Sin embargo una de estas nuevas realidades es que no se tiene claro quienes concretamente son estos actores internacionales, pues ya no son Estados con ejércitos; por el contrario se trata de individuos altamente organizados con estructuras solidas e infraestructura similar o en algunos casos superior a las de las fuerzas de seguridad pública y que se encuentran dentro del mismo Estado. Esta realidad junto con otras fallas estructurales del Estado (como la corrupción) han hecho que las instituciones de seguridad pública sean vistas como incapaces de garantizar la seguridad de la población civil y justifiquen la intervención o “apoyo” de las instituciones militares.
Si bien las policías han sido rebasadas por la coyuntura, la solución no es que sean suplantadas por el ejército. Por el contrario, cuando se habla de una nueva Ley, se debe tomar en cuenta el fortalecimiento institucional de las policías y procuradurías y legislar delimitando claramente cuales son las funciones de cada una de las instituciones y exigir mediante las formas del Estados (la ley) el cumplimiento de estos deberes.
En este sentido, la Ley como se tiene planteada en su articulo 29 usurpa funciones de las secretarías de seguridad pública locales, así como de las corporaciones policías y procuradurías de justicias en sus tres niveles de gobierno, con el propósito de fortalecer el margen de actuación de las Fuerzas Armadas militares. Lo cual es considerado un gran error, pues la solución no es fortalecer a quien no tiene competencia legal para estas funciones, sino fortalecer y rediseñar a las instituciones se seguridad pública que tienen como objeto atender estas situaciones. Si esta Ley si no es modificada provocará una fuerte intromisión del ejército en investigaciones y cuestiones de procesos legales que competen a instancias civiles, dificultando mucho más su retirada y poniendo en riesgo el nuevo sistema de justicia penal y su credibilidad.
La realidad es que la ley que los mexicanos merecen es una ley que tenga como objeto central la delimitación de funciones y competencias institucionales. Que garantice el eficaz funcionamiento de las Instituciones y del Estado de Derecho, que involucre a la sociedad civil y que haga más transparentes las instituciones de seguridad (civil y militar) y que lejos de crear una institución usurpadora de funciones; respete a los militares y cuide el prestigio que hoy tienen estas instituciones; pero más allá de eso, tenga el compromiso de crear un Estado seguro y gobernable en los valores democráticos, dónde no haya lugar para la normalización de la militarización o al despliegue militar, pues ésto sólo debe de tener lugar en un estado de excepción, claramente acotado y de temporalidad brevísima (días). El ideal debe ser lo demandado por OEA y ONU “México debe de generar un plan concreto para el retiro gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública” eso es sobre lo que se debe de legislar, sin dejar espacio a la interpretación de la Ley.
Flor Castillo
M.A. International Relations and Political Science
International Security Expert