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¿Y la modernización educativa?

entresemana

La corriente oficiosa empecinada en descalificar a la lucha magisterial recurre a las encuestas para demostrar que un amplio sector de la población de la Ciudad de México detesta las movilizaciones y plantones de docente afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) porque han generado problemas de diversa índole. Han desmadrado a la capital del país.

Mecanismos elementales de esa corriente que se identifica con el oficialismo, cuyo pecado es ser la parte gobernante del momento. Más de 19 millones de mexicanos votaron por Enrique Peña Nieto. Y en estos asuntos cada quien habla según la va en la fiesta o el color de la bandería a la que pertenece, defiende o denuesta.

Así, priista, perredista o panista, todo se justifica, hasta ser omiso en aplicar la ley; y del lado contrario se sustenta la beligerancia en la supuesta amenaza de perder el empleo. Aunque suele asumirse la amnesia política por el cobro de espacios y la apuesta por la prevalencia de cotos de poder que son cacicazgos como los hay en el magisterio disidente y el llamado oficial.

Unos tienen la ley en la mano, otros la educación de millones de escolapios que, en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y hasta en la ciudad de México se han quedado sin clases.

Empero, el del magisterio disidente es un asunto que se complicó cuando a la puerta de sus caciques tocó una nueva forma de relación con el gobierno federal, acostumbrados como estaban a consecuencia de la descentralización educativa, de manotear y arrinconar a los gobiernos estatales o de plano doblarlos en sus pretensiones, cuando no entrar en complicidades y prebendas con éstos, tal cual fueron los casos de Michoacán, Oaxaca y Guerrero, casualmente.

Las marchas contra la reforma educativa superaron a aquellas movilizaciones que, vísperas de discutirse el Presupuesto de Egresos de la Federación, se organizaban en la capital del país con una mezcla de maestros de la CNTE y del SNTE para presionar por el incremento al gasto educativo que, de suyo, implicaba aumento salarial.

Y no pasaba nada. Como nada ocurría con los artificiales movimientos de protesta magisterial en demanda de mejores condiciones de trabajo, vísperas de la celebración del Día del Maestro. Era el tema elemental de unas horas. Y punto.

Pero resulta que, desde el inicio de la administración de Carlos Salinas de Gortari, una vez defenestrado Carlos Jongitud Barrios del cacicazgo del SNTE, se impulsó la modernización educativa, a la que se opuso, por aquellas cosas de la vida política y la pretensión de posicionarse, la profesora Elba Esther Gordillo Morales.

¿Quién impulsaba esa modernización educativa? Ni más ni menos que el entonces priista secretario de Educación Pública y hoy senador petista Manuel Bartlett Díaz, cuyo voto fue en contra de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Sin duda, en dos décadas cambió la opinión que, en aquel seis de enero de 1992, tenía acerca de que “la calidad y la equidad de la educación es, más que un compromiso, un imperativo constitucional, moral y político”, además de que “ningún interés personal, de grupo o sector está por encima de la educación, “y me refiero también al mío propio”.

No, no se trata de descalificar al senador Bartlett, simplemente de instalar en su justa dimensión esta lucha del magisterio, cuya presencia en la capital del país sirve para otros intereses, más allá de la elemental y plausible defensa de sus derechos laborales. ¿Y la modernización, don Manuel?  Conste.

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