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¿Culpables e impunes?

entresemana

A toro pasado, el diputado federal por el PVEM, Antonio Cuéllar Steffan refiere que de aplicarse en sus términos la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente “se pudieron salvar vidas y evitar que miles de mexicanos perdieran su patrimonio por falta de prevención, ante los efectos de las huracanes que provocaron deslaves e inundaciones provocadas por las intensas lluvias de las últimas semanas en Guerrero”.


Mediante un comunicado de prensa, el legislador Cuéllar, miembro de la Comisión del Distrito Federal en la Cámara baja, recordó que dicha ley ejerce en su marco normativo que las autoridades de la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, eviten los asentamientos humanos en zonas donde la población se exponga al riesgo de desastres por impactos adversos del cambio climático.


Bien por esta refrescada de memoria del diputado del Verde Ecologista, para estas autoridades y legisladores también, que olvidaron las disposiciones legales a la hora de hacer negocios con licencias para construir en zonas de alto riesgo y con ello prohijado impunidad, pero en lo fundamental pusieron en riesgo la vida de miles y miles de ciudadanos en estados azotados por las lluvias.


Lo peor del caso, sobre todo en tratándose de un diputado militante del Partido Verde Ecologista de México, es que hasta estas alturas diga que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, “ofrece la oportunidad de crear el Atlas Nacional de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático, con el fin de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno lo tomen en cuenta en la elaboración, actualización e implementación de sus programas de ordenamiento ecológico”.


¿Hasta cuándo se contará con ese Atlas? Vaya usted a saber con esto de que los legisladores andan más preocupados por una reforma política y electoral que tiene trazas de gatopardismo, porque el tema de la asistencia y ayuda a los miles de damnificados en Guerrero y Michoacán, tiende al esquema asistencialista del borrón y cuenta nueva.


Mire usted, el diputado Cuéllar Steffan plantea: “las autoridades deben auxiliar a la población, principalmente de escasos recursos, con nuevas técnicas que permitan regularizarlos en zonas menos vulnerables y ejercer mayor control de los asentamientos en lugares no aptos para la urbanización, como barrancas y riberas”.


Plausible la recomendación del diputado que, sin querer queriendo, se ha instalado en ese grupo de quienes a toro pasado invocan justicia, censuran a la corrupción de funcionarios públicos, pero no van más allá. ¿Impulsará la aplicación, en sus términos, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para salvar vidas y evitar que miles de mexicanos pierdan su patrimonio a consecuencia de fenómenos naturales? Esa es su obligación. Como la del secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, de proceder contra quienes, como funcionarios públicos, autorizaron edificar en zonas de alto riesgo, en humedales y cauces naturales que, con las lluvias, arrasaron asentamientos humanos.


El secretario Ramírez Marín tiene los nombres de esos funcionarios e incluso legisladores que promovieron tráfico de influencias para lograr esas licencias de construcción. La omisión de un funcionario público es delito. El silencio es complicidad. Y Ramírez Marín tiene fama de honesto. Ojalá y no nos vayan a salir con charales en lugar de peces gordos. Conste.
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