El pasado 3 de mayo, en el poblado de Palmarito, Puebla, tras un reporte de robo de combustible, fuerzas castrenses se dirigieron a donde presumiblemente se realizaba la ordeña de ductos de Pemex, una vez ahí, fueron recibidos con metralla por un grupo de
individuos que se escudaba atrás de mujeres y niños, el resultado: 10 muertos, entre soldados y civiles.
La noticia, sin embargo, cobró relevancia hasta el día 10 de Mayo, cuando se hiciera del conocimiento público un video de casi dos minutos en el que es ejecutado un “presunto delincuente”, aparentemente por miembros del ejército.
El robo de combustible tan solo en esa Entidad Federativa les genera a los grupos criminales ingresos por más de unos mil 600 millones de pesos mensuales, actividad ilícita que por los montos de sus ganancias se equipara a las obtenidas por el narcotráfico y que, además, justo como aquel, compra las voluntades y simpatías de pueblos enteros alrededor de todo el país. Es precisamente este último punto uno de los que se debe tener por preocupante, pues se traduce en una pérdida real de la soberanía del Estado en aquellos territorios, la cual es suplantada por la obediencia y subordinación al crimen organizado.
Sin embargo, nuestra labor en esta ocasión no será abordar la génesis, sino la problemática en sí misma, y ésta, comenzó precisamente poco después del inicio del sexenio del ex presidente Felipe Calderón, cuando con su guerra al narcotráfico, dispuso de las fuerzas armadas mexicanas como antes no se había hecho, ordenando salieran de sus cuarteles y comenzaran a incursionar en un ámbito del que antes habían estado exentas: el combate al crimen organizado.
Así, sin un protocolo establecido, milicia y marina comenzaron a absorber labores encomendadas a los cuerpos policiacos en sus distintos niveles, era cuestión de tiempo para que algún actuar por parte de estos cuerpos fuera observado y aunque no justificante, el General Cienfuegos en su momento lo había advertido: “Los soldados no fueron formados para perseguir delincuentes y, por lo mismo, el riesgo de violaciones a los derechos humanos es permanente”. Y ha sido el titular de la Defensa Nacional quien ha solicitado por todos los medios al Congreso de la Unión, se les dote de una legislación que regule su participación, lo que hasta hoy no ha ocurrido.
Lo más irónico, es que dicha propuesta de ley ya existe: Es la Ley de Seguridad Interna. Sin embargo, los legisladores no han encontrado el consenso necesario para su aprobación.
Cuestiones como la protección a los derechos humanos, la paternidad de la ley e incluso el orden en que deba ser aprobada (existen fracciones parlamentarias que buscan aprobar primero el mando policial mixto), por lo que han permitido proseguir en círculo vicioso, en el que se vulneran, precisamente, esos derechos humanos, en el que los Estados y municipios encuentran comodidad en no capacitar a sus policías y optan por la protección militar, en el que instituciones de renombre como lo es el ejercito y la marina se continúan pagando el “ costo político” día a día y donde vidas humanas se siguen perdiendo por falta de un protocolo que regule y equilibre a nuestros el actuar de nuestros soldados.
En suma, en el caso Puebla, la balas que se dispararon ese día por el Ejército, son proporcionalmente responsabilidad de la desidia de los legisladores federales.