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Los representantes plurinominales, permiten dar voz a los partidos que se encuentran como expresión minoritaria en una determinada elección u momento; conceden al poder Legislativo la característica de heterogeneidad, evitando el establecimiento de una hegemonía o monopolio partidista en una determinada legislatura.  El principio de representación proporcional está fundado en la necesidad inequívoca de otorgar equilibrio

en el ejercicio del poder.

            Los partidos políticos por su parte, tienen la obligación moral de emitir en sus listas, a perfiles con la probidad necesaria para desempeñar correctamente aquellos cargos, pues, aunque aparezcan al reverso de las boletas electorales el día de los comicios, para la ciudadanía en general, el plurinominal no es votado y en ese entendido, los partidos se convierten en garantes de sus propuestas.

            Hacia la tercera semana de febrero del presente año, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) daba conocer su lista de plurinominales, y con ello la polémica estaba de vuelta, pues trasciende de entre sus propuestas: a) German Martínez Cazares, expresidente nacional del PAN, otrora detractor férreo de la izquierda y considerado operador de lo que López Obrador llamara el fraude de 2006, impulsor en su momento de la reformas del presidente Peña Nieto y hoy (a unos cuantos años) convencido de que el cambio depende de su derogación; b) Nestora Salgado, ex comandante comunitaria en Guerrero, acusada de delitos como secuestro, extorsión o robo, señalada por casi 40  personas como la mujer que encabezando un grupo de policías civiles les había agredido, con al menos 10 carpetas de investigación iniciadas y quien ya estuvo en prisión; c) Félix Salgado Macedonio, acusado de otorgar permisos irregulares de vivienda y quien en 2007 fuera investigado por la Secretaria de Seguridad Publica a causa de presuntos nexos con el narcotráfico, y; d) Napoleón Gómez Urrutia, quien a partir de las muertes ocurridas en la mina Pasta de Conchos en 2006 se auto exilio en Canadá y quien en su momento fuera acusado por la INTERPOL por un fraude de 55 millones de dólares en contra de trabajadores mineros, también ha sido postulado, esto pese a tener la nacionalidad Canadiense, cuestión que legalmente le impediría acceder a esta posición, siendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien tenga la ultima palabra al respecto.

            Tampoco debemos dejar de lado el caso de Rigoberto Salgado, jefe delegacional en Tláhuac, quien se encuentra bajo investigación (así lo mencionó Miguel Ángel Mancera hace unos días) para descartar vínculos con el cartel que opera en esa zona y quien también ha sido cobijado por MORENA como candidato a diputado local.

            Las preguntas son: ¿Estas propuestas cumplen con los postulados que referimos al inicio de esta nota? ¿Colman los partidos su obligación moral ante la sociedad para proponer personajes honorables y capaces ante estas encomiendas? ¿Aseguran estos estos individuos el combate a lastres que azotan a México como la corrupción? Sean Ustedes los juzgadores, aunque en algunos casos, los antecedentes hablan por sí mismos.