Hacia inicios de 2017, cuando la Asamblea Constituyente daba forma a la actual Constitución Política de la Ciudad de México, el Jefe de Gobierno Capitalino realizó varias propuestas encaminadas a adicionarse en el cuerpo normativo de referencia, entre ellas se encontraba el Ingreso o Renta Básica Universal, sin embargo, por considerarle insolvente en su ejecución, el PAN en conjunto con otras fuerzas políticas bloqueó la propuesta. Justo antes de que ese mismo 2017 terminara, el virtual candidato del Frente Ciudadano por México, Ricardo Anaya, anunciaba como principal
propuesta de política social de la coalición que representaba, al Ingreso Básico Universal, haciendo patente una profunda incongruencia.
Ciertamente, la propuesta que ahora abanderan PAN, PRD y MC (y que para fines prácticos ha dejado de ser populista) lleva sobre la mesa algunas décadas, la renta básica, como se conoce en otras latitudes, consiste en entregar un ingreso por parte del Estado a los miembros de su sociedad, sin ninguna restricción y en un ámbito de igualdad; en palabras del hoy candidato, su propuesta vendría a mitigar de manera real, males como la pobreza extrema, desaparecería vicios que poseen los actuales programas sociales, reactivaría la economía, haría sujetos de crédito a sus beneficiarios, y otra serie de alicientes que explica en sus correspondientes videos publicitarios.
Sin embargo, y fiel al argot político común, Ricardo Anaya no explica el como en todo esto, el candidato se limita a vender una idea, que suena si, muy bien, pero ya iniciada la campaña electoral, no acaba de señalar como habrá de cristalizarse, por si fuera poco, los números no le son favorables, y es que por ejemplo, tomando como base el actual costo de la canasta básica (mismo que a finales de año alcanzará casi los mil quinientos pesos) tendríamos que por año, se le tendrían que entregar aproximadamente 18 mil pesos, a más de 90 millones de ciudadanos, pues en su spot acota a la totalidad de mexicanos, constriñendo su programa, sólo a quienes tienen está calidad (cuestión que de entrada le hace perder el carácter de universal), teniendo como resultado una erogación de 1.6 billones de pesos.
No se puede negar, la propuesta ha sido reconocida por diversos estudiosos como viable y provechosa, pero para este abril de 2018, al no tener un sustento verdadero, la misma adquiere un carácter electorero y también populista, pues pretende resolver males de manera pronta, pero sin muchos fundamentos, y es aquí donde nuevamente nos encontramos ante la responsabilidad que debería tener el político en turno para aclarar está cuestión.
Manifestaciones a la ligera como está, sin un plan verdadero, sin bases sólidas, únicamente desprestigian a aquello que hasta el momento se ha realizado y que ha fructificado en buenos resultados, por ejemplo, tratándose de pobreza extrema, en su último informe el CONEVAL hizo patente la disminución de este fenómeno en dos millones de mexicanos de 2014 a 2016, prueba que las actuales políticas publicas si surten efectos. Pero son tiempos electorales y prometer, prometer no empobrece.