La Unión de Libertades Civiles de América (ACLU) denunció que más casos de ciudadanos estadunidenses deportados como indocumentados se siguen registrándo bajo las políticas migratorias de la actual administración en Estados Unidos.
Desde 2002, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) identificó erróneamente al menos a dos mil 840 estadunidenses como elegibles para la deportación, y al menos 214 de ellos fueron detenidos, según registros del ICE analizados por Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Siracusa.
Debido a que el ICE dejó de publicar datos sobre los detenidos a partir de enero, es imposible conocer con exactitud cuántos ciudadanos se han visto atrapados en la campaña para aumentar los arrestos y las deportaciones que se llevan a cabo bajo la administración del presidente estadunidense Donald Trump.
El más reciente caso conocido, se refiere al ciudadano estadunidense Sergio Carrillo, quien fue detenido en el estacionamiento de un centro comercial por un agente del Departamento de Seguridad Nacional.(DHS)
Ignorando las demanda de Carrillo de una explicación, el oficial ordenó que el hombre de 39 años fuera llevado a un centro de detención federal en Los Ángeles para personas que se cree se encuentran en el país de manera ilegal.
"Están cometiendo un gran error (...) soy ciudadano de Estados Unidos", dijo Carrillo al oficial que lo arrestó.
La detención fue el comienzo de una experiencia terrible y aterradora, contó Carrillo, al periódico Los Angeles Times.
Agregó que los funcionarios de inmigración se burlaron de que dijera que era ciudadano estadunidense y en su lugar abrieron un caso contra él en un tribunal de migración para deportarlo.
Tomaría cuatro días para que los funcionarios del gobierno reconocieran su error y liberaran a Carrillo, quien recibió una compensacion de 20 mil dólares por los daños causados y para dar fin a una demanda presentada en contra de las autoridades.
El caso, dicen los abogados defensores de los derechos civiles y otros críticos de las leyes migratorias del país, resalta problemas más amplios sobre cómo las personas son objeto de procesos de deportación.
Argumentaron que las bases de datos utilizadas por los funcionarios de migración para determinar quién está o no en el país de manera legal, están afectadas por información obsoleta e inexacta que lleva a que un número indeterminado de ciudadanos estadunidenses sean detenidos y deportados cada año.
En uno de esos casos, Guadalupe Plascencia se quejó de que fue llevada de la cárcel del condado de San Bernardino a instalaciones del ICE en donde permaneció bajo custiodia en marzo pasado, a pesar de haberse convertido en ciudadana estadunidense hace dos décadas.
Plascencia, una estilista de 59 años, dijo que fue liberada solo cuando su hija le mostró a los agentes de ICE su pasaporte.
Carrillo, dueño de un negocio de jardinería, aseguró que nació inesperadamente en Tijuana, México. Sus padres, que habían vivido durante años en California como residentes legales permanentes, habían hecho un viaje a México, y su madre comenzó prematuramente la labor de parto.
Cuando era adolescente, Carrillo se convirtió en ciudadano estadunidense, luego que su madre pasó por el proceso de naturalización. Como adulto tuvo dos enfrentamientos serios con la policía: una condena de 2007 por portar un arma oculta y otra en 2011 por enviar material sexualmente explícito a un menor.
En el segundo caso, Carrillo fue sentenciado a 240 días de cárcel y tres años de libertad condicional, según los registros.
Esos crímenes, y el nacimiento de Carrillo en México, parecen ser lo que puso a este hombre en la mira de los agentes de migración, de acuerdo con los registros internos de ICE revisados por Los Angeles Times.
Si Carrillo hubiera sido un inmigrante viviendo sin documentos en el país, sus delitos lo hubieran convertido en una prioridad para ser arrestado y deportado bajo las políticas implementadas por el presidente Trump, bajo las cuales ICE apunta a criminales serios para su arresto.
Los registros de ICE muestraron que mientras se preparaban para arrestar a Carrillo, los oficiales compilaron un registro detallado de sus crímenes y concluyeron que era una prioridad para el arresto bajo las políticas de la agencia. En varios de los registros, se menciona el nacimiento de Carrillo en México.
"La alerta fue generada con base en la evaluación de prioridad actual", dijo un registro de ICE sobre la decisión de buscar a Carrillo para deportarlo.
No está claro cómo los agentes de migración llegaron a la conclusión errónea de que Carrillo era un inmigrante elegible para la deportación.
La Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California, que ayudó a representar a Carrillo en su demanda civil, argumentó que debería haber quedado claro que Carrillo era ciudadano estadunidense.
En 2011, cuando fue liberado de la cárcel del condado por el delito relacionado con los mensajes de texto con contenido sexual, los oficiales de inmigración interrogaron a Carrillo, de acuerdo con documentos judiciales.
El hombre explicó que era ciudadano estadunidense y que los oficiales lo dejaron ir, aparentemente convencidos de que estaba diciendo la verdad. Sin embargo, cuando fue arrestado años después, no se mencionaba el encuentro previo en ninguna de las diversas bases de datos que mantiene ICE, se indicó en la demanda.
Esas bases de datos, dijeron abogados de ACLU en documentos judiciales, no incluían información que indicara que Carrillo era inmigrante indocumentado.
En las instalaciones de proceso, ya que le fueron tomaron las huellas dactilares y fotografías, Carrillo afirmó que les dijo a los oficiales en repetidas ocasiones que era ciudadano estadunidens , pero que ellos lo ignoraron y se rieron de la afirmación, contó Carrillo. "No quisieron escucharme", lamentó.
Luego que le fue permitido hacer una llamada telefónica a un tío, le trajeron un pasaporte y su certificado de ciudadanía, pero los agentes de ICE se negaron a revisar los documentos.
Después de varias horas, Carrillo y otro detenido fueron conducidos a un centro de detención de inmigrantes en Adelanto, California, a unos 140 kilómetros de Los Ángeles, en el desierto de Mojave.
Carrillo dijo que días después le informó a otro guardia que era ciudadano estadunidense, pero le dijeron que tenía que presentar su queja por escrito a un oficial de ICE asignado a su caso. Dijo que lo hizo, pero no recibió respuesta.
La abogada de la ACLU, Jennie Pasquarella, señaló que los funcionarios del ICE respondieron sólo después que los miembros de su familia encontraron un abogado dispuesto a intervenir. Cuando el abogado reenvió copias de los documentos de ciudadanía de Carrillo, fue liberado.