El gobierno guatemalteco convocará a la población a participar el 15 de abril próximo en una consulta popular sobre el diferendo territorial, insular y marítimo que el país mantiene con Belice, informaron hoy fuentes oficiales.
La canciller Sandra Jovel Polanco, el vicecanciller Manuel Estuardo Roldán y el coordinador de la Unidad Soberanía y Dominio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Rafael Salazar, presentaron en rueda de prensa la campaña de información sobre el diferendo territorial con Belice.
Jovel Polanco afirmó que la consulta representa la mejor oportunidad para resolver la disputa territorial con la excolonia británica que se mantiene desde hace más de 150 años.
El 15 de abril próximo, la población guatemalteca deberá acudir a las urnas para responder si está de acuerdo en que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), dependiente de Naciones Unidas, resuelva de manera definitiva el diferendo con Belice.
En caso de que gane el "sí", la CIJ deberá determinar una frontera entre ambas naciones.
Con mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA), Guatemala y Belice acordaron en 2008 realizar sendas consultas populares con la misma pregunta para los ciudadanos, en fechas por decidir en cada país, puntualizó el viceministro Roldán.
Una vez realizados los procesos de consulta en Guatemala y Belice, ambas naciones deben estar de acuerdo con la decisión de llevar el diferendo territorial a la CIJ, para obtener un fallo que será inapelable.
El embajador Salazar dijo en su intervención que la campaña es una oportunidad de que se conozca la posición de Guatemala, pues sólo se ha difundido la versión del Reino Unido, antigua metrópoli de Belice, a la que los guatemaltecos acusan de usurpar el territorio beliceño actual y las áreas en litigio.
El Reino Unido otorgó de manera unilateral la independencia a Belice en 1981 y Guatemala la reconoció en 1991, pero sin reconocer los límites entre ambos territorios y reclamando su soberanía sobre más de la mitad del actual territorio de la excolonia británica.
Roldán aseveró que el diferendo “no es un tema de gobierno, es un tema nacional, de Estado, en el que deben participar los ciudadanos”.
La canciller lamentó sin embargo que el presupuesto 2018 carece de una partida específica para la difusión y organización de la consulta, por lo que la campaña de difusión se limitará a los medios de comunicación oficiales.