El órgano de gobierno de los jueces en España decidió el lunes proceder a la expulsión de Baltasar Garzón de la carrera judicial en cumplimiento de la condena del Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación y le notificó oficialmente la resolución.
Esta medida de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial tendrá que ser ratificada en el pleno del CGPJ del próximo día 23.
Garzón, de 56 años, fue condenado por prevaricación a principios de mes por el Supremo, que consideró que había violado el derecho de defensa de los presuntos cabecillas de la red de corrupción Gürtel al ordenar las escuchas de sus conversaciones en prisión con varios abogados.
El ya ex magistrado, que está considerado uno de los paladines de las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en el mundo, ha dicho que recurrirá la condena, aunque sin precisar si pedirá el derecho de amparo ante el Tribunal Constitucional o acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La condena supone la "pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, así como con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo", de acuerdo con el comunicado del CGPJ.
Garzón está a la espera de conocer otra sentencia sobre un segundo juicio al que ha sido sometido, en este caso por su decisión de investigar los crímenes del franquismo. El fallo del Supremo podría llegar en los próximos días.
Garzón estaba ya suspendido provisionalmente de su cargo en la Audiencia Nacional desde mayor de 2010. Desde entonces ha sido asesor de la Corte Penal Internacional durante un año y en la actualidad lo es de la misión de la Organización de Estados Americanos en Colombia.
Madrid
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