Pareciera que comienzan a multiplicarse los casos de extorsión que se han denunciado en los últimos meses en diversas partes del país,
y eso quiere decir que por el momento los encargados de la Seguridad Pública y de imponer el estado de derecho brillan por su ausencia. Duele decirlo, pero este país está ya al borde del colapso, porque hasta ahora las leyes que durante tanto tiempo se han construido para otorgar un entramado legal que a la vez le dé viabilidad a la convivencia social de todos los mexicanos, en cualquier parte del país, está entrando en decadencia a causa de la indolencia gubernamental.
El estado de derecho ha dejado de aplicar, por la simple decisión del un Presidente de la República, por abdicar de su responsabilidad de otorgarle seguridad en todas las latitudes de este aún maravilloso país. La estrategia de “abrazos no balazos” se ha convertido en la identidad de un hombre que luchó muchos años por alcanzar su ideal de dirigir los destinos de este país, y hasta ahora lo único que ha hecho es abandonar su responsabilidad y del juramento que realizó, de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando le fue tomada la protesta constitucional ante el Congreso de Los Estados Unidos Mexicanos.
La afirmación de que "los delincuentes también tienen derechos humanos" no es más que una forma de evadir su responsabilidad, de hacer vales la fuerza del Estado ante la comisión de conductas antisociales, porque cualquier persona que comete un delito, de inmediato, tiene que suspendérseles una serie de derechos, porque así lo señala la propia Norma Constitucional. Los derechos humanos no son otra cosa que los derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad, y se definen como intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano.
En ningún ordenamiento legal de este país se establece que el Estado Mexicano deba abdicar de su responsabilidad de proteger a los ciudadanos, por el contrario, las esferas gubernamentales, en el ámbito Federal, Estatal o Municipal, tienen la obligación de garantizar la armonía de la sociedad a través de las leyes y reglamentos que nos se han concedido los mexicanos, para garantizar la cohabitabilidad de manera pacífica y en la que se interactúa de manera pacífica colocando por encima el respeto a la norma jurídica y a los derechos de los propios ciudadanos.
De ahí que el estado de derecho se refiera al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia. Además de ser compatibles con las normas y los principios que se insertan en los ordenamientos legales. Un estado de derecho contiene aspiraciones colectivas, ideales por realizar, pero pareciera que Andrés Manuel López Obrador sabe de derecho, lo que Claudia Sheinbaun de honorabilidad.
Lo que hace López Obrador es responder a los grupos delincuenciales de los que, al parecer por lo que se percibe, recibió cientos de millones de pesos para mantener sus campañas permanentes, y ahora les paga con la entrega de los territorios que hasta el momento ha venido controlando la delincuencia organizada. Por lo que se aprecia en sus actos y políticas, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, pareciera que es el principal líder de la criminal delincuencia organizada en este país, y quien les ha entregado en bandeja de plata el destino de esta Nación.
Más claro, ni el agua...