La reforma a la Ley de Amparo, discutida en el Senado en las últimas semanas, promete agilizar la justicia y cerrar
espacios a abusos. Sin embargo, lo que se presenta como modernización amenaza con vaciar al amparo de su esencia: ser la herramienta ciudadana para detener el poder cuando invade derechos.
Si hoy tuviera que definir un mecanismo de amparo, diría que es un mecanismo escencial para controlar el poder público, resaltando que permite a un particular impugnar actos de la autoridad que violan las garantías de la Constitución.
El gobierno y sus legisladores, defienden la reforma como una medida para frenar litigios estratégicos y suspensiones que, dicen, frenan proyectos clave. Pero en realidad, el corazón de la propuesta toca fibras delicadas: limita las suspensiones cuando se invoque el “interés social” (Que está más que visto que es “su” interés como movimiento, no el de la sociedad) y restringe el interés legítimo para ciudadanos y colectivos. Esto convierte al amparo en un recurso menos accesible, menos efectivo y, en los hechos, más cómodo para el poder.
En los últimos quince días, la oposición en el Congreso ha calificado la iniciativa como regresiva y completamente atenta a los intereses de la Presidenta Sheinbaum y de su gobierno: en pocas palabras, menos medios de defensa y más blindaje para el Estado. Juristas han alertado que recortar la suspensión abre la puerta a que actos de gobierno se consumen antes de que el juez siquiera pueda resolver. Y al reducir el interés legítimo, las causas ambientales, de salud o de comunidades indígenas perderán viabilidad procesal.
La prensa y la academia coinciden: el amparo necesita modernización, sí, pero con infraestructura y transparencia. Lo que no puede aceptarse es que, bajo el pretexto de eficiencia, se desarme la herramienta que protege al ciudadano frente a abusos, cuando está siendo clara la falta de contrapesos jurídicos después de la Reforma Judicial que fué ejecutada a modo.
La suspensión es el corazón del amparo. Si se limita con criterios vagos de “interés social”, se deja a los ciudadanos expuestos al tiempo: mientras litigan, el daño se consuma hasta patrimonialmente hablando.
En megaproyectos, bloqueos de cuentas o políticas masivas, cada día perdido es una victoria para el poder y una derrota para los derechos de los mexicanos.
Nadie niega que el amparo ha sido usado en alguna ocasión por élites para frenar políticas legítimas. Pero la solución no puede ser recortar la protección a todos. Lo mínimo para mantener vivo el espíritu del amparo es:
- Blindar la suspensión en casos de riesgo a derechos fundamentales.
- Mantener un interés legítimo amplio para causas colectivas y ambientales.
- Obligar a las autoridades a justificar con pruebas y proporcionalidad cada restricción cautelar.
- Acompañar la digitalización con verdadera capacidad institucional y datos abiertos.
Un Estado que se siente cómodo sin suspensiones fuertes no es más eficiente, es mucho más autoritario. Una justicia que eleva la valla del acceso a comunidades vulnerables no es más técnica, es menos justa.
Si esta reforma prospera en sus términos actuales, México no solo tendrá un amparo debilitado: tendrá ciudadanos absolutamente desamparados. Y ahí comienza el silencio más peligroso para una democracia que de por si ya está más que amenazada por el autoritarismo y la falta de transparencia.
Alejandra Del Río
@alejandra05 @aledelrio1111
Presidenta de PR Lab México, Catarte y Art Now México, ha escrito columnas sobre política, arte y sociales en muchos de los medios más reconocidos del país, particularmente en el Heraldo de México, El Punto Crítico y en el Digitallpost. Ha participado en numerosos proyectos de radio a lo largo de 20 años, hoy además dirige el podcast Fifty and Fabulous en Spotify.