Morena acudió al Instituto Nacional Electoral para quejarse de las palabras con las que el PRI lo señala. Y el INE ni tardo ni perezoso, respondió con una orden:

Alejandro Moreno, el partido y diversos dirigentes deben eliminar o modificar publicaciones en redes sociales en un plazo de seis horas a partir del momento fijado tras la notificación. La decisión proviene de un análisis preliminar de la Comisión de Quejas y Denuncias; no es una sentencia que haya resuelto si esas expresiones constituyen ó no una calumnia.

Ahí está el problema. Una autoridad electoral puede y debe actuar frente a la calumnia, pero debe hacerlo con un cuidado extremo cuando su decisión retira expresiones del debate público antes de resolver el fondo. De lo contrario, la medida cautelar deja de parecer una protección excepcional y empieza a funcionar como una mordaza inmediata.


Las publicaciones cuestionadas emplean términos como “narcogobierno”, “narcopartido”, “narcoestado” y “MORENARCOS”. Son palabras durísimas. Algunas pueden entenderse como acusaciones de hechos concretos y exigir sustento; otras pueden formar parte de la crítica política, por excesiva o incómoda que resulte. Precisamente por eso el análisis debe atender al contenido y al contexto de cada publicación, y explicar por qué cruza la línea entre opinión e imputación de un delito.


Por irónico que parezca, en el México de hoy pareciera que es más delito llamar a alguien “Narco” que serlo. A un ex-gobernador con claras imputaciones de vínculos con el crímen organizado de fiscalias internacionales y con solicitud de extradición, que tiene decenas de denuncias de la oposición, no lo tocan ni con el pétalo de una rosa, lejos de eso lo defienden con la bandera de la soberanía nacional y de investigarlo, olvidense, no hay forma; pero no le vayan a decir Narcogobernador, al mismo Rocha Moya, por que entonces si te van a perseguir a ti por enunciar lo evidente.


El propio comunicado del INE dice que concedió varias medidas porque las frases podrían imputar hechos o delitos falsos y porque no existe una sentencia o prueba que acredite su veracidad. Esa formulación merece una pregunta seria: ¿desde cuándo se necesita una sentencia judicial para expresar una crítica política?


Exigir pruebas para sostener una acusación específica es razonable; convertir la ausencia de una sentencia en motivo suficiente para retirar un mensaje sería una exigencia desproporcionada para el debate democrático y es una flagrante violación al derecho a la libertad de expresión, y concediendo al mismo INE que estas críticas fueran excesivas… entonces debieran exigir también a Morena y a la propia Presidenta que deje de llamar al Senador Alito Moreno “Traidor a la Patria” “Vende Patrias” y demás, aplicando su mismo principio “Legal” ó ¿Tienen acaso algúna “prueba” o algun acuse de recibo de la Patria que supuestamentre Alito vendió en el extranjero? Esta acusación e indinación fue evidentemente desatada por ir a denunciar a los Políticos corruptos de Morena a los organismos internacionales, a los cuales cualquiera tiene el derecho de acudir de haber un tema que el alcance de la justicia nacional no quiera tocar, pero el INE no se está preocupando por los calificativos al Presidente del PRI ni a la alcaldesa de la Cuauhtemoc ni a las amenazas y críticas constantes que sufrimos en redes sociales todos aquellos que tenemos la “osadía” de opinar cualquier cosa que no les parezca a los Morenistas, tampoco se pronunció sobre las listas negras de opositores de Luisa María Alcalde ni de como exhibió no solo a políticos sino a ciudadanos.


Hay otra razón para preocuparse. Además de ordenar cambios en publicaciones ya difundidas, la Comisión dictó una tutela preventiva para evitar la continuación o repetición de conductas que considera posiblemente contrarias a la ley. Cuando la autoridad interviene también sobre expresiones futuras, debe trazar límites especialmente claros. Un dirigente que no sabe qué crítica será considerada “equivalente” a las retiradas puede terminar moderando su discurso por temor a una nueva orden o a medidas mas drásticas.


El INE también rechazó medidas respecto de otras publicaciones y de un promocional porque no encontró una imputación evidente o explícita; en algunos casos tomó en cuenta la posible inviolabilidad parlamentaria. Esas distinciones muestran que sí es posible examinar cada expresión por separado. Lo que corresponde ahora es exigir que ese mismo rigor se aplique a cada retiro ordenado y que las razones sean públicas, precisas y sujetas a revisión. No solamente esán dictando reglas a modo sino que están sembrando temor en aquellos que creíamos que en México podías criticar con argumentos y expresarte libremente.


No hace falta compartir el lenguaje del PRI ni defender a Alejandro Moreno para advertir el riesgo. Hoy la queja la presenta Morena y la orden recae sobre la oposición; mañana el precedente podría utilizarse contra cualquier otra voz. Un árbitro electoral conserva la confianza pública cuando protege las reglas del debate, incluso frente a discursos que irritan al partido en el poder, quedo perfectamente claro para quien trabaja el INE y contra quienes está.


Si existen imputaciones falsas, deben examinarse y resolverse conforme a derecho. Si existen señalamientos graves, también deben poder discutirse e investigarse. Lo que no puede normalizarse es que, mediante una decisión preliminar y con un reloj de seis horas corriendo, (Absoluta arbitrariedad) la autoridad electoral acabe decidiendo qué palabras sobreviven en la conversación política de México.


Yo no se ustedes, pero a mí ya definitivamente me harto el entreguismo de la Señora Taddei, es momento ya de que los mexicanos le exijamos su renuncia, de que le reclamemos que un “Organismo autónomo” como el INE que malamente dirige, se haya superditado al poder y de que no le demos mas espacio para seguir siendo el vehiculo de las arbitrariedades del gobierno.


Te extrañamos mas que nunca querido Lorenzo Córdova.