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Cinismo y corrupción, frutos innegables de la impunidad, han florecido de forma exponencial en los últimos tiempos, sobre todo en nuestro querido México y en especial durante el 2014. Innegablemente todos los sexenios –sobre todo los de los últimos cuarenta años– han padecido de escándalos que han ensombrecido las gestiones realizadas por los gobiernos y las administraciones y, desgraciadamente, ninguno ha sido investigado de forma cabal por las instancias del Estado.

El llamado “halconazo” y la “guerra sucia”; la mal lograda nacionalización de la banca; las reacciones tardías ante la tragedia producida por los sismos de 1985; el levantamiento armado en el estado de Chiapas; los hechos violentos de Acteal; el conflicto social de San Salvador Atenco, los muertos de Pasta de Conchos; la guerra contra el narcotráfico, la ingobernabilidad y la violencia esparcida por todo el territorio nacional, los hermanos incómodos y su enriquecimiento al amparo del poder y, más recientemente, los terribles hechos de Tlatlaya y Ayotzinapa a la par de “casas” adquiridas a proveedores del gobierno a través de créditos privados, son sólo algunos ejemplos de donde la impunidad se ha hecho presente en nuestro devenir como nación.

¿Qué ha hecho la autoridad tras la denuncia e investigaciones periodísticas sobre estos hechos? Lastimosamente nada. La sociedad puede gritar y manifestarse; molestarse e indignarse; denunciar y señalar y no dejan de ser escándalos de relumbrón. No hay investigaciones ni, mucho menos sanciones. Desgraciadamente la ley se vuelve solo un rosario de buenas intenciones que no permiten que prevalezca el valor justicia. El cinismo se impone gracias a “su majestad” la impunidad y a sus hijos: la complicidad y la corrupción.

Denuncias van y denuncias llegan, pero la autoridad desgraciadamente siempre apuesta a la corta memoria de la sociedad, a la indignación efímera y al rescate del “escándalo siguiente”.

Hoy tenemos la oportunidad de cambiar de rumbo y orientarnos hacia la legalidad. Debemos ser claros: ya pasaron los tiempos en los que la autoridad hacía y deshacía al amparo de la opacidad, hoy se exige transparencia y rendición de cuentas. El poder público no es una graciosa concesión para favorecer a unos cuantos, es el otorgamiento de facultades y obligaciones para hacer del país un lugar en donde los objetivos son: equidad, justicia social y desarrollo. Quienes gobiernan y ejercen funciones públicas están obligados a dar resultados, so pena de ser destituidos y sustituidos, ya sea por la vía democrática o la opción de la desesperanza y la desilusión.

@AndresAguileraM