A finales del siglo XIX y principios del XX, mientras el mundo se encontraba en
plena efervescencia por el clímax del liberalismo en el mundo, en México se vivía una situación compleja. Diversos levantamientos de naturaleza social, todos provocados por una grosera desigualdad auspiciada, precisamente, por los excesos generados por acciones escudadas en esta corriente filosófico-política, llevaron a levantamientos sociales muy focalizados. Así la guerrilla Yaquí, las huelgas de Cananea y Río Blanco, y el levantamiento armado contra la reelección del General Porfirio Díaz, fueron el preámbulo para lo que sería la primera gran guerra social del siglo XX: la Revolución Mexicana.
Estos hechos dejaron de manifiesto las profundas desigualdades que existían en la sociedad mexicana. Grandes hacendados que sometían a su voluntad a comunidades completas que trabajaban la tierra para el beneficio de contadas familias; oligarquías, viejas y apoltronadas, que regían en el país, auspiciados por esquemas democráticos laxos y abusivos; una clase burguesa que abusaba de quienes brindaban la fuerza laboral y los sometían a tratos inhumanos, y grandes comunidades indígenas a quienes les fueron negados su reconocimiento en el pacto federal, así como sus derechos con respecto a la propiedad de la tierra y sus territorios, eran el complejo entramado del México del siglo XX.
Tras una cruenta lucha fratricida que tiñó de sangre el territorio nacional, las facciones triunfantes crearon un pacto político que se materializó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la primera de naturaleza social del orbe, en la que se estatuía un estado social, cuyo vértice fuera, precisamente, la creación de instituciones gubernamentales cuya actividad estuviera encaminada al bienestar individual y colectivo, con miras de cumplir el proyecto de nación de las facciones triunfantes de la Revolución Mexicana.
Como por todos es sabido, se intentó institucionalizar a la Revolución. Se crearon formas y modos, tanto jurídicos como metajurídicos, ordenaron los procesos políticos con lo que se evitaron las convulsiones y levantamientos armados entre facciones y grupos. Sin embargo, en el tránsito y evolución de la sociedad mexicana, se fueron dejando de largo los objetivos y fines que concretaron el pacto político que rigió a México por más de seis décadas y ocultos en banderas de progreso y desarrollo, se dejó de lado el proyecto político de la Revolución Mexicana; lo que trajo una nueva visión que, desgraciadamente, descuidó la naturaleza social que debía tener tanto el gobierno como las instituciones estatales.
Así, en esta vorágine de acciones, las ideologías de los partidos se fueron difuminando hasta llegar a un punto en el que no se distinguen entre sí. Perdieron su brújula y dejaron de actualizar sus principios, permitiendo la creación de oligarquías que dispusieron del poder político como si fuera parte de su peculio. Así, el naufragio de la Revolución concluyó y se abrió la puerta, efectivamente, a una nueva etapa en la vida política del país, en donde la incertidumbre es la única constante.
@AndresAguileraM