La mayor parte de mi vida profesional he tenido el privilegio de ejercerla en instancias de impartición de justicia.
Primero, en el Poder Judicial y después en el Tribunal de Justicia Administrativa, ambos de la Ciudad de México. Más de 20 años en ambas instituciones han estado repletas de experiencias y valoraciones que, difícilmente, desde la óptica de cualquiera de los otros poderes u organismos constitucionalmente autónomos, podría apreciarse.
Dentro de los juzgados y salas, se ejerce una función primordial para cualquier Estado: la impartición de justicia, en la que se materializa una parte fundamental de la gobernanza, porque de ahí es como se demuestra el poder del Estado al imponer una determinación a la voluntad de partes que cedieron su potestad de resolver controversias y someterse a la determinación impuesta desde el imperio y la coerción estatales que la hacen obligatoria. El resolver conflictos, determinar la legalidad y constitucionalidad actuar, desempeño, resoluciones de particulares y autoridades, al tiempo que se obliga a su cumplimiento, es la materialización del poder estatal: resoluciones inatacables y definitivas impuestas y ejecutadas aún en contra de la voluntad de las partes.
Instituciones de impartición de justicia sólidas, funcionarios jurisdiccionales con legitimidad, son piezas fundamentales para garantizar un estado de derecho sólido y que aporte al bienestar general de la sociedad. La legitimidad de los funcionarios judiciales proviene de su trayectoria, preparación, conocimiento jurídico y sensibilidad social, que se materializa en sus resoluciones. Por ello, su forma de designación es distinta a la de los titulares de los otros Poderes de la Unión.
Si para la legitimidad del Presidente de la República, Senadores, Gobernadores, Diputados, Presidentes Municipales y demás representantes populares, se requiere de su acceso al poder a través del sufragio y procesos electorales; los jueces, por su condición y especialidad, para su designación requieren de un sistema de evaluación complejo, en el que intervienen uno o más poderes quienes evalúan la idoneidad, trayectoria, capacidad y resultados de quienes ejercerán esta función, tan importante para la sociedad.
En esta lógica, el actuar y desempeño de las autoridades judiciales será vigilado y disciplinado, en primera instancia, por instituciones igualmente especializadas, en las que se evaluará su desempeño y, en caso de detectarse deficiencias o actuares indebidos, en segunda instancia, ser sancionados tanto política, administrativa como penalmente.
En síntesis, durante siglos, ha existido un sistema especializado de designación de funcionarios judiciales del que obtienen su legitimidad. La propuesta por el ejecutivo y la evaluación el legislativo, han resultado un mecanismo equilibrado que aleja a la impartición de justicia de la arenga electoral.
Me parece que integrar a los funcionarios judiciales a la dinámica política electoral de partidos, lejos de favorecer a la mejora del sistema de impartición de justicia, lo pervertiría a una dinámica de intereses y prácticas ajenas que pondrían en riesgo la autonomía e independencia que es indispensable para el ejercicio de la función.
En últimas fechas se ha desatado la polémica sobre la necesidad de cambiar la forma de nombramiento y designación de integrantes del Poder Judicial Federal e integrarlos a la dinámica electoral, como si ello fuera garantía de honestidad, eficiencia y eficacia. Por el contrario, establecer un sistema de elección para los funcionarios judiciales desestimaría a perfiles especializados, para que accedan a esos cargos a quienes sean más populares y no los más capaces
La encrucijada de los jueces se encuentra en la capacidad de lograr el apoyo popular, sin que para ello pasen por el escrutinio de las urnas. Para lo cual, será indispensable demostrar que son idóneos para desempeñar la función para la cual fueron designados y eso solo se logra con sentencias justas, apegadas a derecho y, sobre todo, con sensibilidad social.
Andrés A. Aguilera Martínez
@AndresAguileraM