El asunto del narcomenudeo en la Ciudad de México ha cobrado una gran relevancia en los últimos meses y no es para menos. Según datos del Consejo Nacional

contra las Adicciones, En el Distrito Federal y su zona conurbada, el narcomenudeo ha crecido en un 700% y pese a que tiene la mayor presencia policiaca en el país. el Distrito Federal se ha vuelto una zona controlada por el narcomenudeo, con más de 40 mil puntos de venta de drogas, según estimaciones asentadas en un informe de inteligencia de la Policía Judicial.
Ante esta realidad, la estrategia que ha marcado tanto la administración anterior como lo que va de la actual, ha sido coordinar a las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia, para atender los asuntos vinculados con las organizaciones criminales, destacándose el grave problema del narcomenudeo.
Para ello, el gobierno de la Ciudad promovió reformas importantes a la Ley de Extinción de Dominio que, primeramente, regularon la facultad del Ministerio Público para iniciar una acción en esta materia, para aquellos bienes en donde se comercie con narcóticos ilegales. Ahora, se encuentran pendientes de dictaminar en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, otras reformas vinculadas con la corresponsabilidad de los arrendatarios respecto a los inmuebles que arriendan y verificar la certeza que estos sean utilizados en un fin lícito, lo que permitirá a la autoridad contar con mayores elementos para combatir a la delincuencia.
Debemos ser conscientes que el gobierno, lejos de ser aquella instancia represora y transgresora de la libertad, es un conjunto de instituciones que nos representan y que tienen como obligación brindarnos seguridad. No es, como algunos organismos defensores de derechos humanos, una instancia exclusiva de represión. Mientras nosotros comprendamos que instituciones como la Extinciónde Dominio, que ha sido impulsada por las dos últimas administraciones del Gobierno del Distrito Federal, son creadas para atacar a la delincuencia “en donde más les duele” que es en el bolsillo y respaldemos estas acciones, estaremos en condiciones de exigir más y mejor seguridad de nuestras personas y bienes.
 Entretelones
Durante esta semana se han difundido diversas declaraciones y aclaraciones del tema vinculado con los presuntos actos de corrupción en la Delegación Coyoacán. Esperaremos las valoraciones técnicas de la PGJDF para poder determinar una responsabilidad, sin olvidar que el cohecho es un delito que castiga tanto al servidor público como al particular que corrompe a la autoridad.
@AndresAguileraM