En el verano del año 2008, Roberto Hernández y Layda Negrete, ambos abogados y cineastas, presentaron ante autoridades, líderes de opinión, políticos, representantes de Organizaciones No Gubernamentales lo que se convertiría en uno de los documentales mexicanos más vistos y difundidos de los últimos tiempos. “Presunto Culpable” se convirtió en una referencia obligada de la cinematografía nacional. Es una obra realizada, producida, dirigida y editada con una calidad excepcional.
Tiene la finalidad de criticar y mostrar al público todo aquello que se realiza en los juzgados penales y que está mal. La opacidad, la falta del respeto al principio de presunción de inocencia, así como una serie de etcéteras que se muestran a lo largo y ancho del filme. Ponen el dedo en la llaga en las deficiencias de un sistema que ya dio de sí y que requiere necesariamente de transformación.
Ciertamente la finalidad se cumple, pero como toda acción humana sólo muestra una de dos caras del mismo asunto.
El derecho humano de respeto al uso de la imagen de las personas tiene tanto valor como el respeto al debido proceso cuya inatención se denuncia en el documental. Durante la realización del filme no se solicitó autorización para poder explotar y obtener un beneficio económico a costa del uso de la imagen de quienes intervinieron en el documental y que fueron testigos de cargo en contra del “Presunto Culpable.” Este hecho –que considero sin mala fe– ha provocado una batalla legal entre los realizadores y los testigos, quienes exigen una indemnización económica por haber utilizado y explotado su imagen sin que existiera autorización expresa y que de ser procedente, implicará el pago de una indemnización económica.
Hoy Roberto Hernández y Layda Negrete enfrentan un proceso del orden civil, bajo una hipótesis jurídica ampliamente explorada y explotada en los países con mayor desarrollo social en el mundo, como lo es el daño moral y el cobro por hacer uso sin autorización de la imagen de una persona. Sin embargo, estos jóvenes abogados saben que incumplieron y desatendieron este principio y, como parte de su estrategia judicial, hacen un litigio oficioso en los medios de comunicación, utilizando nuevamente la victimización como mecanismo para presionar a la autoridad y hacer que resuelvan a su favor.
Independientemente cualquiera que sea el resultado no se puede soslayar que, al igual que como ocurrió en el proceso de Toño Zúñiga, los realizadores trastocaron un derecho humano y que, como tal, deben afrontar las consecuencias de sus omisiones.
@AndresAguileraM