Más allá del discurso animalista desacreditado por la forma en que se trató a los perros “rescatados”, el conflicto

por el predio de Antonio Haghenbeck tiene una vertiente, el aspecto fiscal, que impide a Clara Brugada mantener la increible e inaceptable promesa de no intervenir en la disputa entre particulares, y tampoco autorizar un megadesarrollo inmobiliario en las 16 hectareas que el filantropo dejó a los perros sin hogar. 

La presunción de un fraude escandaloso contra la hacienda tanto federal como capitalina, por si sola hace imposible que Clara Brugada mantenga, sin ningún costo político, su postura de supuesta neutralidad en el conflicto iniciado por la Fundación Haghenbeck para tomar posesión del predio del que despojó a la Asociación Refugio Franciscano y a los legítimos comodatarios del inmueble: los perros de la calle ahí albergados.

Asegurar que no intervendrá en una disputa entre particulares por la posesión del inmueble, y hasta comprometerse a no autorizar ningún desarrollo inmobiliario en ese predio, pierde sentido cuando están a la vista varios elementos que hacen presumir la comisión de delitos que obligan a la autoridad capitalina a una investigación para, en su caso, ejercer acción penal contra los responsables.

El más evidente de esos delitos, y también el que debería despertar un interés automático en el Gobierno de la Ciudad de México porque afecta el patrimonio de la metrópoli, es la ejecución de una compraventa a un precio simulado y ridículo, que solo pudo tener la intención de evadir el pago de los impuestos correspondiente a esa operación, en perjuicio del erario, de las finanzas federales, de las de la ciudad y, por lo tanto, de todos sus habitantes.

Hay documentos, que hoy ya son públicos porque circulan profusamente por la internet, que señalan un precio de venta del inmueble que albergaba a los perros de la calle, en la cantidad de 650 mil pesos, en 2020. Con 650 mil pesos, en Mexico apenas se puede comprar un automóvil de gama alta, no uno premium, pero de ninguna manera 16.3 hectáreas de terreno a orilla de carretera, en Lomas de Vista Hermosa, uno de los polos desarrollo de mayor plusvalía en toda la urbe.

Al precio más bajo que existe en el mercado: 10 mil pesos por metro cuadrado, esos 650 mil pesos alcanzan apenas parta comprar 65 metros cuadrados de un terreno que, con el avalúo más castigado, tiene un valor de  mil 630 millones de pesos aunque muchos aseguran que en el mercado al menos vale el doble. 

Los impuestos que se debieron pagar, tanto Impuesto sobre la Renta como Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, deberían calcularse sobre la base mínima de esos mil 630 millones.

En la ciudad de México es legalmente imposible concretar la compraventa de un bien inmueble, un terreno o una casa, sin un avalúo comercial y uno catastral del terreno o la casa en cuestión, a menos claro, que se simule un precio, se pague el resto por debajo de la mesa para ocultarlo específicamente a las autoridades fiscales tanto federales como capitalinas, y se encuentre un notario lo suficientemente corrupto, que los hay, para arriesgarse a perder su patente dando fe de un acto simulado que sólo puede tener el objetivo de defraudar al fisco federal y local.

El notario que elaboró la escritura de la compraventa se llama Celso de Jesús Pola Castillo, es titular de la Notaria 244 de la Ciudad de México. La operación se encuentra registrada en el asiento 20 del Folio Real 9442596 del RegistroPúblico de la Propiedad y del Comercio. Se llevó a cabo el 10 de Noviembre de 2020 y en ella participaron como representantes de la Fundación Haghenbeck, Verónica Blanco González y Carmela Rivero Jiménez, para transmitir la propiedad del predio al Banco Ve por Más, como fiduciario del Fideicomiso 303. Los delegados fiduciarios que representaron al Fideicomiso fueron Melannya Jacqueline Flores Gordillo y Salvador de la Llata Mercado. El precio de la compraventa asentado ante el Registro Público es de 650 mil pesos.

Ahí están cinco nombres, el del notario y cuatro personas más, dos de la Fundación Haghenbeck y dos del Fideicomiso que compró el predio, sobre los que la fiscal de la Ciudad de México,  Bertha Alcalde Luján, y las autridades fiscales, el SAT y la Secretaría de Finanzas capitalina, deberían iniciar una investigación inmediata porque entre ellas se concretó y formalizó una operación de compraventa que defrauda al fisco federal y a la ciudad de México y que, además, es totalmente independiente del destino de los perros y gatos que fueron desalojados del predio donde operaba el Refugio Franciscano.

Abstenerse de intervenir en este asunto alegando que es un conflicto entre particulares, cuando existen todos los elementos que permiten presumir un daño importante a las finanzas nacionales y a las capitalinas, es incumplir de forma grave una responsabilidad de la Jefatura de Gobierno.

Alejandro Envila Fisher

Director editorial de ejecentral, periodista, abogado y profesor en la UNAM. Ha dirigido la revista CAMBIO, Radio Capital, The News, Estadio, Rumbo de México y Capital, además de fundar el canal Greentv. Comentarista en medios, columnista político y autor de los libros Cien nombres de la Transición Mexicana, Chimalhuacán, el Imperio de La Loba