La corte auditora analiza cada año las cuentas de la rama ejecutiva y decide si las aprueba. Luego se van al congreso, que puede aprobar o rechazar las finanzas de la administración del año previo. La corte nunca las ha rechazado.
La oficina de prensa de la corte indicó que pasarán algunas semanas antes de que se emita un fallo.
Analistas opinan que si la corte y el Congreso rechazan las prácticas contables del gobierno, Rousseff podría enfrentar cargos de deshonestidad administrativa que podrían resultar en una impugnación de su cargo y su inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.
Previamente en el año, la corte auditora encontró retrasos en la transferencia de fondos de la tesorería a bancos públicos para pagar los programas sociales del gobierno, seguridad social y seguros de desempleo.
Los auditores han dicho que los retrasos hicieron que los bancos adelantaran pagos de los programas, lo que viola la ley de responsabilidad fiscal del país.