La llegada de Godoy no es un accidente, es parte de un diseño político que busca garantizar que nada cambie, que

los pactos se mantengan y que las complicidades sigan funcionando

Para sorpresa de nadie, el Senado de la República consumó el nombramiento de Ernestina Godoy como nueva fiscal General de la República. El proceso fue un fast track lleno de simulaciones: primero la filtración de la renuncia de Alejandro Gertz Manero, luego la presidenta fingiendo desconocimiento -“solo tengo una carta que me llegó del Senado”- y finalmente la promesa de un premio diplomático para el “despedido”. El servicio exterior, convertido en los tiempos de la cuarta transformación en un vertedero político, se prepara para recibir a uno más, de los tantos personajes que cambiaron convicciones por impunidad. 

La autonomía de la FGR nunca existió con Gertz y difícilmente aparecerá con Godoy. Su paso por la fiscalía capitalina lo demuestra: cifras maquilladas, homicidios reclasificados y víctimas ignoradas. El problema de los desaparecidos fue sistemáticamente negado, como si la estadística pudiera borrar el dolor. En lugar de enfrentar la crisis, se optó por el maquillaje de cifras, la reclasificación de delitos y la narrativa oficial de que “todo está mejorando”. Una fórmula que, por cierto, ya conocemos: la realidad se esconde bajo la alfombra y las víctimas se convierten en un número incómodo.

El nombramiento no llega solo, pocos días después del anuncio, Andrés Manuel López Obrador reapareció en video para enviar un mensaje inequívoco: “Yo sigo al frente del gobierno” y, más grave aún, “Adán Augusto no se toca”. La frase revela la verdadera cadena de complicidades que sostiene al oficialismo. No se trata únicamente de blindar a un operador político, sino de proteger a toda una red de personajes señalados por sus vínculos con el crimen organizado. La impunidad como pacto de sangre. 

Adán Augusto López, el “hermano” del presidente, ha sido pieza clave en la operación del trabajo sucio: la reforma judicial, la salida de Gertz y la llegada de Godoy. La votación en la Cámara Alta mostró lo que ya es costumbre: opositores que, en momentos decisivos, se alinean con el oficialismo. Porque claro, en México algunos que se dicen opositores también saben jugar al simulacro. La indignación ciudadana se topa con un muro de componendas, donde los discursos de “defensa de la democracia” y “el combate a la corrupción”, se evaporan en cuanto llega la hora de levantar la mano. 

La llegada de Godoy no cambiará el rumbo de la “transformación”. Al contrario, en los próximos meses veremos cómo la impunidad se convierte en ofrenda para los operadores del régimen: Adán Augusto, los hijos del presidente, los gobernadores de Sinaloa y Tamaulipas -este último con el descaro de nombrar como fiscal a un personaje vinculado con grupos criminales, según documentos oficiales recientemente revelados-, entre muchos otros. 

La cadena de complicidades se fortalece, y el mensaje es claro: la justicia no es prioridad, la protección política sí. 

El sarcasmo aquí es inevitable: ¿de verdad alguien esperaba otra cosa? ¿Alguien pensó que la Fiscalía se convertiría en un órgano autónomo capaz de investigar al poder? La historia reciente nos demuestra lo contrario. La Fiscalía se ha consolidado como un instrumento de protección política, un escudo para los aliados y un arma contra los adversarios. La justicia, esa palabra que debería ser el centro de la institución, se ha convertido en un accesorio decorativo. 

La indignación, sin embargo, no puede quedarse en la ironía. El país enfrenta una crisis de impunidad que atraviesa todos los niveles: desde los delitos cotidianos que nunca se investigan, hasta los grandes casos de corrupción y crimen organizado que se archivan en silencio. La llegada de Godoy no es un accidente, es parte de un diseño político que busca garantizar que nada cambie, que los pactos se mantengan y que las complicidades sigan funcionando. 

Si queremos que las cosas cambien, no bastará con indignarse en redes sociales ni con discursos huecos de supuestas renovaciones que se anuncian pero no llegan. Es momento de exigir un gobierno y un Congreso que respondan a la ciudadanía y no a las componendas. La recuperación de las mayorías legislativas y del Poder Ejecutivo es condición indispensable para romper el círculo vicioso. De lo contrario, la impunidad seguirá siendo la única ley que rija en México.

ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ

POLÍTICA Y ACTIVISTA