Polarización, con esa palabra definiría las reacciones resultantes en la sociedad mexicana (y hablo de todos su ámbitos) a casusa de la entrega del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) el pasado fin de semana. Ya desde tertulias familiares, pasando por círculos académicos y llegando a líderes de opinión como renombrados columnistas o periódicos, la conclusión del GIEI que una vez más deja mal posicionadas a las investigaciones hechas por autoridades mexicanas, nuevamente divide todos los veredictos.
Sin embargo, ¿Cómo fue que llegó el GIEI a la coadyuvancia de esta investigación? es por supuesto valido indagar en la raíces de la designación de estos expertos, tal vez conociendo el origen de la misma podríamos emitir un mejor juicio, más aún, si ahora se cuenta con un indicio como lo es una denuncia penal interpuesta por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Publica y la Justica Penal contra Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana por el delito de fraude en contra de la Federación, por un monto de 2 millones de dólares.
¿Y cuál es la relación en todo esto? Bien, el antecedente es un acercamiento surgido cerca de 2011 entre Murillo Karam y Álvarez Icaza a razón de las protestas por el asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia, mismo que les hizo trabajar a ambos la ley de víctimas, uno como senador y otro como activista. Para 2012 Álvarez Icaza era Secretario Ejecutivo de la CIDH y Murillo Karam Procurador General, dos años después, en septiembre de 2014 los hechos de Iguala urgieron al Gobierno en turno a buscar certeza en sus investigaciones y ante la negativa de los familiares de los normalistas por aceptar la versión oficial de los hechos, se vislumbró en el GIEI (a través de la relación que hemos referido) una dosis veraz y amplia de legitimidad en las indagaciones. Permitiéndoles desde ese momento acceso completo al expediente de los 43 ausentes.
Pero ¿Qué resolvieron las 605 hojas que integran el multicitado informe? ¿Dieron con el paradero de los 43 estudiantes? Claramente nada y claramente no. Mencionar que el aparato judicial mexicano posee ineficiencias sustanciales no es nada nuevo, sino algo conocido por todos nosotros. Y tomando en cuenta que cada hoja de este documento costó en promedio 70 mil pesos a los mexicanos, resulta innegable hacerse muchas preguntas, máxime si algunas conclusiones del GIEI niegan los hechos comprobados científicamente por peritos “terceros”, como el de la existencia real de un incendio en el basurero de Cocula mismo que corrobora la versión oficial.
Terminaré mencionando que el juicio a toda esta cuestión corresponde a cada uno de Ustedes compañeros lectores, sin embargo, debemos tener en cuenta dos cuestiones: 1) La disposición que tuvo el Gobierno en turno para dar cabida a un organismo internacional como muestra de trasparencia, y; 2) Los resultados del informe del GIEI que no fueron objetivos, que no siguieron una línea propositiva y que se fundamentaron en propiamente desacreditar y no en sugerir.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.