La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destacó la importancia de las medidas tomadas por México para combatir la corrupción y desarrollar una cultura de integridad.
Recordó que en febrero de este año el presidente Enrique Peña Nieto expidió diversas acciones ejecutivas orientadas a frenar la corrupción y fortalecer la integridad del sector público.
Lo anterior, agregó, mediante una mayor divulgación de posibles conflictos de intereses, al establecer códigos de conducta más estrictos para los servidores públicos y aumentar la transparencia, en particular en materia de adquisiciones del sector público.
Dichas acciones ejecutivas, destacó, complementan reformas recién aprobadas, como el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El organismo internacional consideró que de ponerse en marcha en forma eficaz e incluyente “pueden ser agentes del cambio en la agenda nacional anticorrupción y de integridad pública”.
Subrayó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha actuado para promover su implementación, y actualmente se pide a los servidores públicos que declararen situaciones de conflicto de intereses, posibles o reales, tanto propias como de familiares cercanos.
Al ampliar el ámbito de declaración de intereses privados (incluyendo bienes patrimoniales, así como puestos y/o actividades externos), el gobierno federal de México se integra ahora a la práctica común entre los países de la OCDE.
Adelantó que en la próxima edición de junio de su informe “Government at a Glance”, México se incluirá entre la mayoría de los países miembros de la OCDE que en 2014 divulgaron o prohibieron bienes, obligaciones, fuentes de ingresos, monto de ingresos, puestos de trabajo externos remunerados, puestos de trabajo externos no remunerados, obsequios y empleos previos.
El organismo señaló que el uso de la herramienta en línea Declara NetPlus convierte a México en parte del grupo de países de la OCDE donde prevalecen las buenas prácticas, pues en 2014 fue uno de los 11 países miembros que operaban una herramienta de declaración en línea.
Estimó que la presentación electrónica de este tipo de información facilitará la necesaria verificación para el mapeo de riesgos, el seguimiento y la toma de acciones correspondientes.
La OCDE alentó a la SFP a prepararse para emprender estos importantes pasos a fin de completar la implementación.
Refirió que la OCDE aportará el análisis comparativo respecto de parámetros y buenas prácticas internacionales, así como recomendaciones para reducir las brechas de implementación que suelen afectar a las reformas a gran escala.
Además de los nuevos requisitos de declaración de posibles conflictos de intereses, evaluará las políticas de denuncia, los nuevos códigos de conducta expedidos por la SFP y las políticas de auditoría y control interno en materia de integridad.