Entre las investigaciones que la Auditoría Superior de la Federación , que deberán escalar ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción,

órgano jurisdiccional creado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, está siguiendo el rastro a qué empresa el INE, a cargo aún por unas horas más de Guadalupe Taddei Zavala  consejera presidenta.

A finales del primer trimestre de este año, el instituto convocó a medios de comunicación para dar a conocer de la "necesidad" del cambio del equipo tecnológico, en cuya conferencia de prensa estuvo esta reportera y cuestionó a quién o qué empresa se le compraba los dispositivos tecnológicos.

Los servidores públicos del área de Protección Civil señalaron que no estaban en condiciones de revelar esa información, y que se informó quedaría reservada.

El Instituto Nacional Electoral (INE) implementó en 2026 una modernización de su sistema de videovigilancia y control de accesos en 40 sedes a nivel nacional, con un contrato adjudicado por un monto de 227 millones de pesos .
 
Aspectos principales de la medida
  • Empresa y equipos: Las cámaras fueron asignadas a la empresa Verkada , e incluyen tecnología de inteligencia artificial, capacidad de zoom y funciones avanzadas como detección de movimiento, caída de personas o derrames de líquidos.
  • Micrófonos y polémica: Diversos medios y consejeros señalaron que los equipos cuentan con micrófonos de alta sensibilidad y capacidad de grabación de audio, aunque las autoridades del INE manifiestan que dicha función no se encontrará activada y que el objetivo es exclusivamente preventivo y de seguridad perimetral.
  • Control en la sala de prensa y accesorios: La instalación de estos dispositivos —así como la colocación de torniquetes y registros digitales con fotografía para visitantes y reporteros— generó críticas por parte de trabajadores y representantes de la prensa debido a la falta de transparencia inicial en los costos.
  • Transparencia y resoluciones: El Órgano Interno de Control (OIC) ordenó al INE transparentar los costos y detalles de la empresa contratista tras revocar la reserva de la información que el instituto había clasificado bajo el argumento de seguridad Nacional.

Eloisa Domínguez

Foto de internet pública