La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobó tres dictámenes y fijó la fecha de comparecencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ante las comisiones unidas de Gobernación y de Seguridad Pública para el día 27 de septiembre a las 17:00 horas, con motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno.
Entre los dictámenes aprobados por éste órgano legislativo destaca el que modifica el artículo 13 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo primero constitucional.
El documento propone sancionar con mayor dureza la práctica de la simulación de secuestro al aplicar un castigo de 200 a 700 jornadas de trabajo comunitario o, en su defecto, una pena corporal de tres a seis años.
Menciona que a pesar de que el autosecuestro es un acto simulado, genera daños reales en los allegados de quien lo realiza, además de que impulsa la actividad del Estado y lo obliga a gastar recursos en la persecución de un secuestro inexistente. Actualmente, la pena a dicha conducta es de cien a trescientas cincuenta jornadas de trabajo a favor de la comunidad.
El diputado José Alberto Rodríguez Calderón (PRI) fue quien propuso modificar el dictamen, a fin de elevar la sanción ante lo que consideró se genera una doble victimización de la familia.
Originalmente, dijo, el dictamen proponía una pena de prisión de dos a ocho años, sin embargo, de acuerdo con el artículo 70 del Código procesal penal, la persona puede pagar una multa y evadir cualquier tipo sanción; “esa es una puerta de salida para el que comete el delito”, señaló.
Explicó que cuando una persona simula su propio secuestro, se victimiza ella y su propia familia. Es decir, precisó, la victimización se duplica en principio, porque se llega a pensar que realmente un integrante de la familia está privado de la libertad, lo que es una carga emotiva, y después, al saber que fue su propio familiar quien simuló su secuestro, termina por pagar las fianzas y multas que se generan.
“Si el hijo o la hija simulan su secuestro, a final de cuentas es la familia la que termina pagando las fianzas y las multas, y no podemos ser ligeros y mantener penas leves”, expuso.
Por otra parte, la Comisión de Seguridad Pública aprobó el dictamen que reforma la fracción XIX de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil para apoyar con recursos públicos a las asociaciones ciudadanas dedicadas a la búsqueda y localización de menores de edad extraviados o sustraídos de forma ilegal así como de personas mayores de edad y a la asistencia de víctimas indirectas de dichos actos.
Se aprobó también el dictamen que modifica los artículos 22 y 25 del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Artículo 17 de la Ley de la Policía Federal.