Ciudad de México, México, 7 de julio de 2025 ::: Madres, padres y personas buscadoras protestaron frente

a la Cámara de Diputados luego de que el Congreso avalara, sin diálogo previo con colectivos, modificaciones a la Ley General en Materia de Desaparición. La manifestación se realizó el miércoles 2 de julio con la clausura simbólica de la puerta 2 del Palacio Legislativo de San Lázaro, en rechazo a lo que consideran una violación a sus derechos y al principio de participación activa de las familias en la construcción de políticas públicas.

 Las consignas “Sin las familias, no” y “Espiar no es buscar” encabezaron la protesta, que tuvo como principal reclamo la falta de consulta a quienes han sostenido por años la búsqueda de seres queridos no localizados. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hasta junio de 2024 se registran 129 mil 956 casos, concentrados principalmente en entidades como Tamaulipas, Jalisco y el Estado de México, con una mayor incidencia en hombres, quienes representan 99 mil 764 registros.

Aunque el dictamen legislativo plantea incorporar herramientas de geolocalización en tiempo real para agilizar las investigaciones y enfrentar el rezago forense, colectivos de familiares alertaron que estas modificaciones priorizan la vigilancia estatal sobre los mecanismos de verdad y justicia. La preocupación principal es que se perpetúen la impunidad y la simulación, sin atacar las causas profundas de las desapariciones ni mejorar el acompañamiento institucional.

Familiares acusan simulación en reformas: “No ayudan a encontrar a nuestros desaparecidos”

Para Jorge Verástegui González, defensor de derechos humanos, familiar de Antonio y Antonio de Jesús, desaparecidos el 24 de enero de 2009, e integrante del colectivo que transformó la ex Glorieta de La Palma en la Glorieta de las y los Desaparecidos, los recientes cambios legislativos en materia de desaparición representan una oportunidad desperdiciada. En entrevista con la revista Proceso, afirmó que las reformas son “cosméticas” y que “no ayudan a encontrar a nuestros desaparecidos”.

Desde hace tres meses, explicó Verástegui, colectivos solicitaron al Congreso de la Unión un Parlamento Abierto para participar en el rediseño de la ley. Sin embargo, “lo único que obtuvimos de la petición fue un acuse de haber recibido el documento, que contenía un análisis técnico y jurídico, que podría ser el inicio de una discusión seria, en el que le pedíamos a los legisladores que se tomaran con seriedad el asunto, que se hicieran las cosas con calma, como ocurrió con la ley vigente, en la que tomamos dos años para elaborarla”.

Sobre las mesas de diálogo organizadas por la Secretaría de Gobernación, fue contundente: “una simulación, porque sólo asistieron aquellos familiares que tenían recursos para asistir a la Ciudad de México, pero que carecían de una agenda temática para abordar la problemática, fueron reuniones de catarsis”.

Verástegui considera que el fondo de estas reformas no es atender el drama de las desapariciones, sino implementar medidas de vigilancia con fines ajenos a la búsqueda. “Lo que muestran es una política de Estado espía, y que en nada resuelve el problema de los desaparecidos, sólo los usaron como pretexto para justificar la política de vigilancia, que viola la privacidad de todas las personas”.

Además, advirtió que el rediseño normativo prioriza reducir cifras por encima de atender causas. “Se advierte que la pretensión es sólo bajar los números de desaparecidos, como si eso resolviera el problema, y se logró lo que Andrés Manuel López Obrador buscaba, sin que ello detenga las desapariciones, que siguen ocurriendo todos los días”.

Un punto especialmente grave, en su opinión, es que el nuevo registro nacional solo incluirá casos ocurridos a partir de 2018, lo cual dejaría fuera miles de expedientes previos. “En su afán por reducir cifras, los legisladores de Morena y sus aliados, no se dieron cuenta que en el nuevo registro nacional, los únicos casos por desaparición van a ser los de ellos, los ocurridos de 2018 para acá... tampoco se explica qué se va a hacer con los casos que los ministerios públicos clasificaron como privación de la libertad o secuestro de personas que se encuentran actualmente desaparecidas”.

El defensor insistió en la demanda de que se convoque a una discusión incluyente y seria. “Llevamos tres meses diciéndole al Congreso que convoque a un Parlamento Abierto, para todas las familias, no sólo para nosotros; que repitan lo que hicimos cuando estuvimos construyendo la Ley General... participó activamente el Ejecutivo federal, participó el Congreso también, todas las fuerzas políticas estuvieron participando”.

Al cierre, Jorge Verástegui lamentó que en el debate legislativo no hubo lectura crítica ni verdadera revisión del contenido. “Esperar las consecuencias” es lo único que, afirma, queda a las familias. “Fue evidente que los senadores y diputados no leyeron más allá de la presentación de la iniciativa, de lo contrario habrían advertido los errores que contenía incluso de redacción”.

Para él, el proceso respondió más a fines mediáticos que a un compromiso real: “No les importa el tema, es el marketing político, decir que son cercanos a la gente, pero eso lo han dicho todos los políticos de todos los partidos; la oposición hoy se desgarra las vestiduras, pero cuando estuvieron en el poder hicieron lo mismo”.

¿En qué consiste la Ley General para los desaparecidos?

Con 417 votos a favor y 60 en contra, la Cámara de Diputados avaló una reforma que transforma la búsqueda de personas. El dictamen fue enviado al Ejecutivo para su eventual promulgación y contempla, entre otros puntos, la creación de una CURP biométrica obligatoria para toda persona residente en México.

El eje del nuevo modelo es la Plataforma Única de Identidad (PUI), un sistema que concentrará información proveniente de múltiples instituciones públicas y privadas. Este expediente digital incluirá rasgos faciales, huellas dactilares, patrones del iris y otros datos sensibles, su uso será indispensable para cualquier trámite, tanto en el ámbito público como en el sector privado.

Además, la reforma establece que organismos como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Guardia Nacional (GN) y el Instituto Nacional Electoral (INE) podrán consultar esta información sin requerir una orden judicial o mecanismos externos de supervisión.

Según los reportes oficiales, la base de datos estará conectada con el Banco Nacional de Datos Forenses, el registro de investigaciones penales y el sistema de alertas de desaparición, lo que generó preocupación entre colectivos de familiares de personas no localizadas, quienes advierten riesgos de uso indebido, vigilancia sin control y retrocesos en derechos.