Ciudad de México, México, 20 de octubre de 2025 ::: La Cámara de Diputados aprobó la reforma al Código Fiscal

de la Federación (CFF) para 2026. La medida otorga mayores facultades al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para endurecer el combate contra las llamadas factureras, pero también endurece sanciones contra evasores en general.

 El dictamen, enviado al Senado, busca armonizar el Código con el Artículo 19 de la Constitución, lo que permitirá aplicar prisión preventiva oficiosa a las personas vinculadas a proceso por emitir o utilizar comprobantes fiscales falsos. Además, se precisó que un comprobante será considerado falso cuando no ampare operaciones reales o actos jurídicos auténticos. Y se faculta al SAT para presentar querellas penales contra los contribuyentes involucrados.
Entre las nuevas herramientas, el fisco podrá realizar visitas domiciliarias exprés -de hasta 24 días hábiles- para verificar la veracidad de los comprobantes fiscales. En caso de irregularidades, podrá suspender los certificados de sello digital y acusar penalmente a los responsables.
El SAT también podrá negar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a personas morales cuyos socios o representantes legales estén vinculados con empresas que hayan participado en la facturación falsa.
Para Antonio Sánchez Sierra, académico del Departamento de Estudios Fiscales de la Universidad de Guadalajara, estas disposiciones rayan en el exceso: “Le darán facultades al SAT para cancelar el RFC y negar inscripciones a personas físicas que hayan tenido algún vínculo con empresas factureras. Es inverosímil, porque nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo delito, pero esta reforma lo permite en la práctica”.
La modificación más polémica incluye la obligación de las plataformas digitales -como Amazon, Mercado Libre, DiDi o Netflix- de otorgar acceso permanente, en línea y en tiempo real a la información que permita al SAT verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En caso de incumplimiento, las plataformas podrán ser bloqueadas temporalmente en el país.
Sánchez Sierra advirtió que la medida “legaliza una vigilancia continua”, ya que permitirá a la autoridad cruzar datos sobre ingresos, gastos y movimientos digitales para detectar posibles inconsistencias.
“Con este control, el SAT podrá comparar lo que gastas y lo que declaras. Si hay una diferencia, asumirá que estás omitiendo ingresos”.
De acuerdo con la Asociación de Internet MX (AIMX), esta disposición implica una forma de espionaje fiscal que vulnera los derechos fundamentales de los usuarios y las empresas, al permitir el acceso gubernamental a la información privada sin orden judicial.
Por su parte, Marco Aurelio Núñez Cué, abogado fiscal de la Universidad Panamericana, señaló que la reforma pone en riesgo la privacidad de millones de usuarios y podría generar un ambiente de desconfianza entre las empresas tecnológicas y el Gobierno.
“No tiene sentido fiscalizar  a las plataformas digitales como si todos fueran evasores potenciales. La medida es desproporcionada y poco clara”.
Ambos especialistas coinciden en que el fondo de la reforma responde más a una urgencia recaudatoria, que a un plan integral de modernización tributaria.
Sánchez Sierra sostuvo que “el excesivo endeudamiento proyectado en el Paquete Económico 2026 ha orillado al Gobierno federal a buscar dinero donde sea… y la fiscalización masiva es el camino más corto”.
Aunque el Gobierno federal sostiene que la reforma fortalecerá la transparencia y reducirá la evasión, los expertos advierten que el exceso de control puede derivar en abusos y sanciones erróneas.
Con esta reforma, el SAT se perfila como una de las instituciones más poderosas del Estado mexicano en materia de control económico. Pero, como advierten los analistas, ese poder conlleva un riesgo: “Vigilar no siempre es sinónimo de justicia; también puede ser una forma sofisticada de desconfianza”.
Los pros y contras de la reforma fiscal 2026
Positivos:
- Combate directo a las factureras y empresas fantasma.
- Reducción de la evasión fiscal y de la simulación de las operaciones irregulares.
- Fortalecimiento del SAT en su capacidad de auditoría.
Negativos:
- Un carácter recaudatorio, más que de simplificación o eficiencia.
- Riesgos a la privacidad de los usuarios y las empresas con la vigilancia digital.
- Posible criminalización de contribuyentes sin antecedentes fiscales.
Aceleran la aprobación de reformas federales
A la par de la Ley de Ingresos que aprobó la Cámara de Diputados, se avaló la reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para el 2026. Esto implicará un incremento a los refrescos con y sin calorías, cigarros, casinos y videojuegos y también habrá para sueros orales que no cumplan con las fórmulas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Estos son los productos que tendrán un incremento en sus costos a partir del siguiente año tras lo aprobado por la Cámara de Diputados:
Refrescos: el impuesto sobre las bebidas azucaradas pasará de 1.6451 pesos por litro en 2025 a 3.0818 pesos por litro en 2026, lo que representa un incremento cercano al 90 por ciento y podría llevar el precio de un refresco de 2 litros a cerca de 42 pesos.
Cigarros: el IEPS aumentará del 160 al 200 por ciento. Esto significa que el precio de una cajetilla de cigarrillos podría superar los 100 pesos en el corto plazo, dependiendo las marcas.
Videojuegos: los videojuegos con contenido violento tendrán un impuesto especial del 8% sobre su precio final. Títulos populares en la industria de los videojuegos que actualmente cuestan mil 700 pesos, podrían elevarse a mil 836 pesos.
Sueros orales: los sueros que no cumplan con los estándares de la OMS recibirán un impuesto de 3.08 pesos por litro.
Casas de apuestas digitales: las tasas para juegos y sorteos aumentarán del 30 al 50 por ciento, lo que afectará las ganancias netas de los apostadores.
Incremento al IEPS
Puntos positivos:
•  Desalentar consumo de bebidas.
•  Destinarlo a bolsa de salud para atención médica.
Puntos negativos:
•  Fines recaudatorios.
•  Afectación al bolsillo de las familias con menos recursos.
Puntos positivos y negativos
Para Marco Aurelio Núñez Cué, abogado fiscal de la Universidad Panamericana, el incremento en el impuesto para las bebidas azucaradas busca desalentar el consumo de dichos productos que los consideró como nocivos para la salud. 
El incremento pretende que haya ingresos por concepto de IEPS en 761 mil millones de pesos, de los cuales, una parte iría destinada al sector salud para la atención médica de personas con enfermedades como la obesidad o diabetes. Sin embargo, el académico cuestiona si realmente el recurso será destinado a una bolsa de salud.
Más allá de los fines que justifique la Federación para implementar el incremento, el académico insiste: “Yo sí le veo fines recaudatorios. El gobierno necesita dinero para programas sociales”. 
Por lo pronto, el incremento en los costos de los productos no afectarán de forma grave a las familias mexicanas, ya que son productos que no forman parte de la canasta básica.