Todo indica que el comercio impuso sus reglas e hizo entender a las autoridades federales que es “más barato por docena”.

Sin que medie una explicación -aunque no les agrade a los gobernantes, los mexicanos tenemos derecho a saber- el gobierno de la República decidió la entrega de otros 37 criminales que se encontraban en diversos penales de “alta seguridad”, con lo que suman 91 que cambiaron de domicilio y no podrán votar en 2027.

A diferencia de la primera entrega en la que destacaba Rafael Caro Quintero y otros jefes de alto rango criminal, la segunda bajó en “calidad” de los exportables y en la de ayer de plano hay que revisar con lupa quiénes son los enviados porque con excepción del hermano del Mencho y el resto es poco conocido a niveles de pópulo.

Seguramente el obrero de las detenciones, el señor García Harfuch, debe conocerlos bien cuando menos por referencia; se pondría en tela de duda que los titulares de la Marina, la Defensa y la GP estuvieran conscientes de la jerarquía criminal de los que cambiaron de nacionalidad probablemente sin pedir la nueva que les otorgará “residencias” en las que el sol difícilmente entra por algún ventanal, quizá por una rendija se cuele cual cómplice de lo que reciben su calor.

Hasta donde se conoce la información, no existió petición expresa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuya fiscal general, Pam Bondi no se distingue por ocultar sus “éxitos”. Se ignora si por los nuevos 37 viajeros había petición de extradición o si fueron entregados como “gesto de buena voluntad” de parte del gobierno de la presidenta mexicana.

La información que se proporcionó de manera oficial corrió por cuenta de García Harfuch, quien para evitar cualquier “contradicción jurídica” un comunicado expresó que “a entrega de estos 37 criminales se realizó de conformidad a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral con el gobierno de EUA”.

Imposible no expresar la frase: ¡Ternurita!

El gobierno de Washington no tuvo necesidad de pedir nada.

Porque todo se “realizó mediante los mecanismos de cooperación bilateral con el gobierno de EUA”.

¡Y Trump se queda de falta de cooperación!

Según el comunicado, “… México realizó la entrega de 37 reos considerados de alta relevancia al Departamento de Justicia de los Estados Unidos (EUA)”.

Seguramente la “relevancia” de los sujetos haya sido investigada y se comprobó que uno era jefe de plaza otro proveedor de transporte para el trasiego y muchos más simples operadores financieros, jefes de sicarios y uno que otro criminal a suelo. Sí, de los que ejecutan a personas como el exalcalde de Uruapan.

En lo particular me pregunto la real y legal verdad para la nueva expulsión de criminales que cometieron los delitos en México y aquí deben ser juzgados salvo que otro país hay solicitado la extradición del o los narcotraficantes.

¿A qué se debe la prisa?

Parecería una justificación ante quien nada tiene que justificar un gobierno soberano, que no es colonia de nadie y cuya soberanía no se negocia.

Ignoro quién haga la logística de los traslados, pero debe ser alguien con mucho sentido comercial y sin duda fiel intérprete de la austeridad republicana.

A diferencia de la entrega de Ovidio Guzmán, quien viajó de pasajero único en primera clase, el resto ha ido en lo que conocemos como “polleros”. Sin escalas, sin alimentos, sin poder ir al baño, sin cobertores. Eso sí, con 50 pares de ojos sobre sus humanidades para impedir que se “hagan daño por sí mismos”.

Las nuevas entregas son masivas porque “por mayoreo es más barato el pasaje”.

Jesús Michel Narváez

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