Luego de que el pasado domingo diputados del PRI, PAN, PRD, PT y PVE anunciaran un frente común para demandar a las autoridades federales emitir “un diagnóstico real” sobre la situación de la violencia e inseguridad que se vive en Michoacán, en donde se “reconozca la incapacidad de los poderes estatales”; advirtieron que si el gobernador Fausto Vallejo, ha solicitado la intervención de las fuerzas federales, tiene que dejar a un lado la soberbia y poner al tanto al secretario de Gobernación.
Ante la fuerte ola de violencia que se vive en Michoacán, el vicecoordinador de los diputados del PAN, Jorge Iván Villalobos Seáñez, sentenció que debido la posibilidad de que la delincuencia se extienda a otras entidades, debe analizarse la aplicación de Estado de excepción en esta región.
Señaló que en Michoacán han empeorado las condiciones de seguridad con la proliferación de grupos de autodefensa y la situación se está volviendo una posible “guerra civil entre las autoridades comunitarias, las autoridades instituidas legalmente…y algunas organizaciones delictivas”.
Villalobos Seáñez subrayó que ese estado necesita ayuda federal para enfrentar a los grupos delictivos y a los de autodefensa, los cuales incluso ya se han “combinado”, y para que la inseguridad no se extienda a otros estados.
En tanto, el presidente de la Comisión de Gobernación, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), consideró que debe haber un esfuerzo de todos los interesados para devolver la tranquilidad a la entidad; no obstante, subrayó que nadie debe hacerse justicia por sus propias manos, ya que es el Estado el que tiene el monopolio de la fuerza pública.
El diputado comentó que en ese estado se ha contado con la presencia permanente del gobierno, mediante instituciones como la Secretaría de Gobernación (Segob), el Ejército, la Marina y la Procuraduría General de la República (PGR), pero insistió “No se puede permitir que grupos que están al margen de la ley quieran participar en temas de seguridad: todos los ciudadanos están abiertos a la participación, pero no por la vía de violar la ley”.
En voz del PRD, habló su coordinador, Silvano Aureoles Conejo, quien aseguro que lo sucedido en Michoacán es un asunto de emergencia nacional porque no es solamente un problema de los municipios donde está presente el conflicto, “el fenómeno se está generalizando en la entidad y entonces se requiere la construcción de una estrategia distinta, evidentemente no solamente la parte policiaca”.
Para solucionar este problema dijo, tiene que instalarse un gobierno del estado en la Tierra Caliente. “Cuando digo instalarse el gobierno significa que tiene que trasladarse el gobernador del estado a las zonas de conflicto a operar, a despacharía y a atender desde Apatzingán, y debe de acompañarlo el Congreso del estado, y tiene que acompañarlo el Tribunal Superior de Justicia, y junto con ellos debe de estar allá el doctor Mondragón y Kalb, responsable de la Seguridad Pública, y yo creo que mientras esté en este nivel de crisis debe estar también el secretario de Gobernación”.
En su oportunidad la diputada Lilia Aguilar Gil del Partido del Trabajo pidió que el gobierno de Michoacán entregue a las autoridades federales “un diagnóstico real” sobre la situación de la violencia e inseguridad en la entidad, “en el que reconozca la incapacidad de los poderes estatales”.
Mientras tanto el Partido Verde en la Cámara de Diputados respaldó las acciones del Gobierno federal para resguardar la seguridad y el orden en el estado de Michoacán, ante el incremento de la ingobernabilidad que ha generado el crimen organizado, y que crea desconfianza e inseguridad en la población.
El diputado por Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, reconoció la iniciativa del gobierno para redoblar los esfuerzos y garantizar la seguridad en la población e impedir que estos grupos continúen atemorizando a la sociedad, violentando el Estado de derecho.
El legislador del Partido Verde aseguró que este acuerdo entre el Gobierno federal y estatal para combatir el crimen organizado en Michoacán, evitará que continúe incrementándose la ingobernabilidad que generan estas organizaciones en la entidad.
Núñez Aguilar aseguró que se requiere de un esfuerzo coordinado entre los tres niveles de gobierno para erradicar los grupos de autodefensa, con el objeto de garantizar la seguridad no sólo de Michoacán, sino en todo el país.