Ciudad de México, México, 8 de septiembre de 2025 ::: Especialistas en materia fiscal anticipan un paquete
fiscal para 2026 de carácter agresivo y recaudatorio. Esto generará intenso cabildeo y posibles impugnaciones ante tribunales. La propuesta será entregada hoy al Congreso de la Unión junto con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF).
Se prevé que incluya cambios al Código Fiscal de la Federación, la Ley Aduanera y la Ley Federal de Derechos, con un enfoque de justicia fiscal y social. Sin embargo, expertos señalan que estos ajustes podrían opacar los objetivos macroeconómicos y el gasto público proyectados para el próximo año.
De acuerdo con la Presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica Ernestina Godoy, los cambios afectarán principalmente a empresas e instituciones financieras, pero se mantendrá la política de no crear ni aumentar impuestos ni emprender una reforma fiscal integral. La intención es aplicar modificaciones de “gran calado” para reducir la evasión fiscal, combatir la corrupción en aduanas y proteger la salud, especialmente de menores de edad.
Jesús Rodríguez Ambriz, integrante de la Comisión de Evaluación de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, destacó que la propuesta podría incluir restricciones al contenido de azúcar en bebidas saborizadas. Entre las medidas analizadas estarían cambios al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con un esquema progresivo según la cantidad de azúcar. Esto podría implicar un aumento de 2 o 3 pesos por litro o mecanismos graduales según el contenido de azúcar, lo que se espera reduzca el consumo de 20 mil a 19 mil millones de litros, una caída aproximada de 3.25%. Al mismo tiempo, la recaudación del IEPS podría incrementarse de 27 mil 800 millones a 38 mil 700 millones de pesos, un alza de 39%.
El especialista advirtió que otras medidas, como eliminar la deducción que hacen los bancos por aportaciones al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), también podrían derivar en litigios y amparos.
Analistas anticipan que la propuesta desatará un periodo de negociaciones intensas en el Congreso, con la participación activa de la industria, sectores financieros y especialistas fiscales, quienes buscarán minimizar impactos negativos.
El paquete fiscal 2026 representa un desafío para empresas y autoridades, al intentar equilibrar recaudación, equidad social y políticas de salud pública, mientras se enfrentan posibles impugnaciones legales que podrían retrasar o modificar su implementación.