Integrantes de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración (GAIA) y afectados por la industria cementera de Veracruz, Hidalgo y Estado de México, denunciaron las irregularidades en que incurre ese sector productivo que causa daños ambientales y a la salud en las comunidades aledañas a las plantas.
En conferencia de prensa, el miembro de GAIA, Jorge Tadeo Vargas, señaló que las empresas no sólo reciben incentivos fiscales para la producción de cemento también, en algunos casos, les pagan por la incineración de residuos peligrosos, biológico-infecciosos, industriales y sólidos urbanos.
“Incluso violando leyes estatales y municipales para favorecer el uso de combustibles derivados de residuos en el proceso de producción de cemento, causando severos impactos en la salud humana y ecosistémica de las poblaciones cercanas a las plantas cementeras”, dijo.
Indicó que la incineración de residuos peligrosos en los hornos de cemento producen sustancias dañinas como el mercurio, el cromo, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, hexaclorobenceno y furanos, además de que esta práctica es una de las principales emisoras de dioxinas a nivel mundial.
“Los problemas de salud asociados a esas sustancias son muy serios: malformaciones congénitas, cáncer, problemas en el sistema nervioso central, hormonal e inmunológico”, refirió Tadeo Vargas.
Señaló que en México las regulaciones para los combustibles derivados de los residuos usados en la producción y extracción de cemento están hechas para maximizar las ganancias de las empresas y no para proteger a las comunidades de los daños que esa práctica genera.
“El mejor ejemplo de eso se encuentra en la NOM 050, que no obliga a las empresas a llevar una medición periódica de las dioxinas y furanos, sino que lo deja a criterio de la empresa”, expuso.
Y añadió que “la ley de cementos no contempla los impactos de la extracción de la piedra caliza, principal material del que se compone el cemento”.
Manifestó que de acuerdo con el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) de la Secretaría de Medio Ambiente y recursos Naturales, los hornos cementeros emiten altas concentraciones de dióxido de carbono en el país, lo que la convierte en la industria más contaminante.
A su vez, el integrante de la asociación “Río los Pescados” en el municipio de Apazapan, Veracruz, Gerónimo Gutiérrez Alarcón, señaló que la cementera asentada desde 2007 en ese lugar ya comenzó a provocar estragos en la zona.
Sostuvo que la agricultura está siendo afectada, ya que la permanente emisión de polvo de cemento hace disminuir la cantidad y la calidad de sus productos, cómo actualmente ocurre con el cultivo de mango manila.
La empresa, expuso, derribó zonas forestales poniendo en peligro la existencia de especies catalogadas en extinción, descarga sus aguas residuales en la Laguna de Chahuapan y creó un tiradero de residuos tóxicos al aire libre.
En tanto, el regidor del municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo, Ponciano Jiménez, detalló que desde hace dos años llegaron compradores de tierras que pagaban 10 pesos por metro cuadrado en la zona donde se asienta el pueblo indígena Hñahñus.
Aunque inicialmente se les informó que sería para la construcción de una empresa agroindustrial, en realidad terminó siendo una planta cementera con la que se perdieron más de 100 mil árboles.