Después de la primera semana de actividades del nuevo Poder Judicial y de que la nueva Suprema Corte de Justicia
de la Nación hiciera un papelazo sin precedentes al manifestar una de las ministras que no se debería realizar el control constitucional y otro de ellos al pretender sobreseer dos artículos de una legislación local, éste máximo tribunal ha sido criticado por los grupos y asociaciones de abogados mexicanos. Esto no es casual ni producto de errores cualesquiera, sino el vivo ejemplo de que, una elección judicial no es un mecanismo eficaz para un poder cuya función debe ser técnica jurídica y no político-partidista como lo es hoy en día.
Pero vamos por partes. Para que podamos entender el porqué de la burla nacional de la que son objeto los nuevos ministros, es precisamente por que la ministra Estela Ríos (titulada en 1970 y con una maestría en derecho laboral en 2016, con sus dos cédulas profesionales registradas), se pronunció por respetar la función del legislador y no invalidar leyes emanadas de ese poder, cuando parte de la razón de existir de esa Suprema Corte es precisamente la de ser garante del control de la constitucionalidad, lo que prende los focos rojos de los conocedores del derecho, ya que la ministra debió al menos de conocer cuáles son las funciones de la Corte desde que se erigió como tribunal constitucional y saber que su competencia es precisamente esa, ya que, de proceder su razonamiento estaría violando la Constitución.
Posteriormente, el ministro Giovanni Figueroa (titulado en el 2001, con maestría y doctorado en constitucional en 2009, con sus tres cédulas profesionales vigentes) con plena soltura en la sesión del Pleno de la Corte, tuvo a bien elaborar un discurso rimbombante para declararse en favor del sobreseimiento de dos artículos de una norma de Chihuahua, lo que, procesalmente es una aberración jurídica. Vaya, es imposible, ya que el sobreseimiento como tal es una resolución judicial que pone fin a un proceso legal de forma parcial o total, sin llegar a resolver el fondo del asunto. Por lo tanto, al tratarse de dos artículos vigentes de una ley de Chihuahua, estos no pueden ser sobreseídos, es absurdo, imposible y lamentable viniendo de un ministro.
Ante tales descontroles producto del desconocimiento generalizado en los juzgadores electos de nuevo Poder Judicial, sin considerar la docena de videos que rondan por el entorno digital de jueces que no tienen idea de lo que deben hacer o decir en audiencias, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz (titulado en 2010 como abogado y con solo una cédula profesional registrada, sin maestría formalmente), se manifestó porque los jueces recién entrados en funciones aprovecharan a los juristas que aún se encuentran prestando sus servicios en los juzgados a efecto de que su conocimiento y experiencia sean de utilidad para el nuevo Poder Judicial.
Finamente, y como dice el refrán, echando a perder se aprende, y los nuevos jueces, magistrados y ministros, han caído en cuenta que la función de la jurisdicción (juris- dictio = decir el derecho), es difícil y esto queda de manifiesto con la cantidad de personas juzgadoras que ya han renunciado a sus respectivos encargos en varias entidades federativas incluyendo a Quintana Roo donde una jueza penal especializada en justicia para adolescentes ya tiró la toalla.
Por ende, es importante que, quienes sí saben derecho y como funciona un juzgado; es decir que, quienes han pasado gran parte de su vida estudiando derecho dentro del proceso de formación jurídica tan criticado por algunos senadores que no han podido encontrar la diferencia entre propiedad privada y propiedad comunal como Noroña, ahora resulta que son prioritarios para que los jueces de elección que merecen sus cargos a la diosa Fortuna, por no decir algo inapropiado, no sigan cometiendo errores tan graves que les puedan generar responsabilidades administrativas y penales.
Así pues, la primera semana de los jueces electos en la que muchos de ellos parecieran nacidos para la materia, aunque muchos otros, siguen pensando que la campaña continúa y el trabajo puede esperar, y otra parte de ellos, aún sigue sin saber que es lo hace un juzgador.
Por ello, quienes hemos pisado juzgados y tribunales a lo largo de nuestras vidas, desde tiempo antes y sin bolas de cristal de por medio, advertimos que esto pasaría afectando a personas, familias y empresas involucradas en litigios. Ahora solo nos resta esperar que los secretarios y proyectistas que aún prestan sus servicios en los juzgados sean verdaderamente valorados y reconocidos porque ellos, son los que van a sacar a los jueces electos de la barranca porque como dice uno de los principios clásicos del derecho “ius semper loquitur” pero para ello se necesita que el juez lo conozca.
Doctor en Derecho, Hugo Alday Nieto.
(Licenciado en Derecho con mención honorífica. Maestro en Derecho empresarial. Maestro en Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Doctor en Derecho con mención honorífica).