CENTRO DE DERECHOS HUMANOS “MIGUEL AGUSTÍN PRO-JUÁREZ”, A.C.:

"Leyes hay, lo que falta es justicia": Ernesto Mallo

A ustedes, que han estado tan cerca del caso Ayotzinapa, les comento que finalmente tuve acceso a una versión sin testar del informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ). Una primera leída me deja muchas dudas, como cada vez que leo sobre esta tragedia.

El capítulo “Judicialización” es una suerte de catálogo de quejas sobre las distintas instituciones relacionadas con el caso. En principio, algunas suenan más que justificadas.

Por ejemplo, ¿por qué el Poder Judicial de la Federación radicó los procesos judiciales en siete entidades y en dos sistemas procesales distintos? ¿Por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha establecido una jurisdicción única para llevar el caso y así facilitar el desahogo de los procesos y las pruebas? 

El informe externa quejas sobre ocho jueces, pero no indica cuáles son las medidas tomadas al respecto por el Consejo de la Judicatura. Dos son los casos que llaman la atención. 

El juez Álvaro Vargas Ornelas, del Juzgado Quinto de Distrito en Guerrero, quien se niega a tomar el caso “aludiendo falta de competencia territorial”, siendo que los hechos ocurrieron en esa entidad.

El otro caso es el de la Magistrada Lambertina Galeana, del Tribunal de Justicia de Guerrero, quien mandó destruir los videos que fueron tomados por las cámaras de seguridad, ubicadas en el exterior del Palacio de Justicia. El pretexto fue que ¡las imágenes no eran claras! Dichos videos eran claves, porque una de las primeras “paradas” que hacen los jóvenes es justamente en ese lugar.

Por lo que hace al entonces Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN), la COVAJ indica que esta dependencia le entregó un expediente en el cual se indica que “El Chino”, responsable de turno de la central de comunicación de Guerreros Unidos (GU), reportó “que los normalistas estaban en actitud violenta, disparando armas de fuego y asaltando los comercios”.

Me pregunto por qué un grupo de estudiantes de primer año iría armado, si la razón oficial de la toma de camiones era acudir a la marcha conmemorativa del 2 de octubre. Tal vez, y solo tal vez, el que los jóvenes fueran armados reforzó en GU la idea de que había algunos infiltrados de la banda contraria, Los Rojos.

Ahora bien, si andar armados era su costumbre, pues habría que hacer más indagaciones en la normal “Isidro Burgos”.

Por supuesto, el informe manifiesta varias inconformidades sobre el proceder de algunas áreas de la Fiscalía Genral de la República; de hecho, el subtítulo del capítulo es “Obstáculos en la investigación”.

Las páginas siguientes del informe se refieren al contexto en el que se da la desaparición. Lo que me llama la atención es que relata, con pelos y señales, la historia delictiva de Guerreros Unidos a partir de la información recabada por el Centro Nacional de Inteligencia (antes CISEN). Me pregunto si todos esos datos sobre la banda son conocidos por una autoridad federal, ¿por qué no habían sido detenidos sus miembros?

Ahora bien, el informe indica que desde que los hechos ocurrieron, 26 personas relacionadas con el caso han fallecido: 14 pertenecieron a GU; tres más eran familiares de GU; dos era integrantes de Gente Nueva y siete más eran testigos. Sobre estos últimos, el reporte los ubica como “activistas, funcionarios, policías, entre otros”.

Un fallecimiento atrae más su atención: el de Juan Salgado Guzmán, quien es prácticamente ejecutado el 22 de septiembre de 2021 en Metepec, Estado de México. Es decir, el hecho ocurrió ya en esta adminitración.

Salgado era operador de GU en el sur del Edomex y norte de Guerrero, cuando un operativo que iba a su detención le metió 23 balazos. Podría pretextarse que tanto disparo fue para someterlo, pero Salgado iba en un taxi y apenas disparó siete balas cuando ya no pudo defenderse más.

Nada dice el reporte y tampoco nada se sabe sobre los fallecimientos. Es más, los elementos de la FGR que pretendían detener a Salgado ni siquiera han declarado.

En una siguiente entrega le comentaré más dudas sobre el caso Ayotzinapa.

Dos cosas sí tengo por ciertas. La primera, que la CoVAJ destapó una caja de Pandora, como era de esperarse. La segunda, que más vale que la 4T aclare las dudas de la sociedad, porque una buena parte de su legitimidad está en juego.

Colaboró: Upa Ruiz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

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