En México se vive –desgraciadamente ya hace varios años– una gran guerra que poco a poco se va extendiendo a lo largo y ancho del país.

Hoy va a estar el presidente Andrés Manuel López Obrador en Zacatecas para presentar el Plan de Apoyo y la pregunta obligada es: ¿Por qué hasta ahora?

En este espacio (08-11-21) se comentó: “En octubre pasado, en Zacatecas, cuatro elementos de la Policía Estatal fueron asesinados en la capital, mientras se encontraban en su descanso, y uno más permanece desaparecido. Una mujer policía municipal de Fresnillo, comisionada a la Policía Estatal también fue asesinada, junto co su padre, en su día de descanso, y un ex agente policíaco fue asesinado”.

 La entidad tiene un tendencia de violencia al alza desde hace tiempo, la cual aumentó de manera exponencial en los últimos meses.

Ayer por la mañana encontraron los cuerpos de ocho personas asesinadas en la comunidad de San José de Lourdes, municipio de Fresnillo.

De acuerdo con el reporte presentado por el Gobierno federal el lunes pasado, Fresnillo ocupa el quinto lugar en incidencia delictiva a nivel nacional, mientras que el estado el octavo lugar en homicidios dolosos a nivel nacional. En julio pasado, cuando se presentó la lista de la 50 municipios con mayor incidencia delictiva Fresnillo ocupaba el quinto lugar.

La semana pasada hallaron 10 cuerpos en el municipio de Cuauhtémoc, nueve de los cuales estaban colgados y uno en el piso. Ese día fue el más violento en el estado y se rompió el récord de homicidios: 20 personas asesinadas en un día.

Hace casi diez días, en la comunidad de Asientos, Aguascalientes, que se encuentra en los límites con Zacatecas, fueron encontrados los cuerpos del director de la Policía Municipal de Loreto, junto con dos agentes, con disparos en la cabeza.

Pero no solo la población de esa entidad sufre por la violencia.

A pesar de que hace más de un mes se presumió en Michoacán que se había replegado al Cártel Jalisco Nueva Generación, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confesó hace unos días que en la zona limítrofe con Jalisco y Colima se vive una situación difícil, en la que a diario hay enfrentamientos entre miembros del CJNG y las fuerzas federales.

Aseguró que hay una situación compleja entre Coalcomán y Tepalcatepec, en Tierra Caliente, donde inclusive fue agredido un convoy del Ejército Mexicano que tuvo como resultado seis militares heridos.

Por otra parte, debido a la escasa presencia de las fuerzas armadas, los grupos de autodefensas han ido ampliando su presencia en la entidad, lo que ha generado más violencia. Por ejemplo, en el municipio de Ziracuaretiro, unos 400 hombres, integrantes del grupo Pueblos Unidos, dijeron que enfrentarán a los delincuentes “hasta que se controle todo lo del crimen organizado, que se acaben las cuotas, que se acabe todo el crimen organizado”.

En el sur del Estado de México hay una gran actividad por parte de los grupos de la delincuencia organizada, principalmente de la Familia Michoacana, quienes constantemente pasan de Guerero al Estado de México y viceversa.

Durante el bienio de Jaime Bonilla –de acuerdo con Zeta Tijuana– en Baja California “la violencia homicida se redujo en 19% en Rosarito, y en Tijuana, bajó en 11%. Pero esta mejora en dos de los cinco municipios, no impactó la estadística estatal, porque los ataques armados se detonaron en las tres municipalidades restantes: en Tecate las muertes violentas crecieron un 206%, en Mexicali 94% y en Ensenada un 72%”.

En Guerrero, el secretario de los Bienes Comunales del Ejido Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, Javier Hernández, informó que dos elementos de la Guardia Nacional resultaron heridos al enfrentarse contra grupos delincuenciales, luego de que llegaran elementos federales para apoyar a los campesinos defensores de los bosques que han combatido a grupos armados.

Hace unos días se presentó la Coordinación Nacional de Pueblos Desplazados con el propósito de reivindicar sus derechos ante la pasividad de los gobiernos federal y estatales. Esa organización está conformada no solo por víctimas del crimen organizado que invadió sus tierras, también por personas afectadas por los megaproyectos del Gobierno federal y por empresas, principalmente mineras, y que han tenido que abandonar sus comunidades en Quintana Roo, Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Michoacán.

Exigen, entre otras cosas, se elabore una ley nacional que les confiera el carácter de víctimas y con ello reclamar al Estado la indemnización de tierras y la reubicación de las comunidades en los casos en los que no sea viable regresar a sus poblados; se tipifique el delito de desplazamiento forzado y que la ayuda humanitaria no sólo sea una despensa e incluya educación para los menores y atención médica.

Sobre el tema, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chihuahua, Néstor Armendáriz Loya, dijo: “Si el estado o municipio no garantiza la seguridad o protección de una persona, se trata de un desplazamiento forzado, a diferencia de lo que se pensaba hace unos años, que sólo en algunos lugares de Europa occidental, oriental y África, pero ahora esto es el desplazamiento forzado, y es lamentable, se da en comunidades de la región serrana”.

Aseveró que los indígenas son obligados a trabajar para los grupos delictivos, luego a ceder sus tierras y si se niegan, los agreden a ellos y/o a sus familias, por lo que tienen dejar sus casas.

Por otra parte, durante la reunión de los colectivos de búsqueda con el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se informó que más de la mitad de los casos de desaparición forzada registradas ante el Ministerio Público o la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa involucran a las autoridades.

De acuerdo con la asociación Sabuesos Guerreras, esa información se basa en el análisis de 338 expedientes de la CNDH en el que 142 señalan a elementos de las policías municipales, estatal y de la Guardia Nacional, entre otros.

Esa organización señaló que ocho personas –en promedio– desaparecen al día en el estado y que en lo que va del 2021, las cifras de desaparecidos han repuntado con más de 500 casos.

Por cierto, los migrantes también sufren los efectos de la delincuencia. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, más de 70 mil indocumentados han sido víctimas de secuestro y trata de personas por parte de los grupos criminales.

Todo la anterior demuestra que las acciones por parte del Gobierno federal han sido insuficientes y que la guerra continuará por varios años, para desgracia de todos.

La supuesta estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha funcionado, además de que en el apoyo a los estados se privilegia a unos cuantos pero inclusive el gobernador de Zacatecas, David Monreal, tuvo que pedir ayuda porque es evidente que en el Gobierno federal están preocupados por otras cosas a pesar de que la cruda realidad se les presenta día a día.

Violencia, ejecución, desplazamiento, corrupción, secuestro, desaparición forzada, trata de personas, son el pan de cada día de miles de mexicanos.

En julio pasado, López Obrador dijo: “Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno”. Al llegar a los tres años de gobierno se puede asegurar que no lo logrará, por lo cual el cáncer de la violencia seguirá invadiendo más y más municipios.

Su estrategia de abrazos y no balazos es un fracaso.

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Twitter: GarciaJJavier

Periodista y analista político con 30 años de experiencia. Director y subdirector editorial de revistas y periódicos. Conductor de radio y televisión.