El 21 de agosto de 2016, el escándalo estalló: la periodista Carmen Aristegui daba a conocer que el entonces presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, había plagiado el 30 por ciento de su tesis que le había valido su título de Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Las redes sociales se llenaron de mensajes de rechazo y los seguidores de Andrés Manuel López Obrador fueron los primeros en pronunciarse:
- “Si normalizamos el plagio en cualquier nivel, no seremos capaces de combatirle en ninguna de sus expresiones”.
- “¡No tienen vergüenza! El plagio es robo, es tomar algo que no es tuyo y hacerlo pasar como tal es lo más deshonroso”.
Habían pasado poco más de dos décadas, pero arrinconar el pasado, no hacía que éste desapareciera. ¿Cuáles fueron las consecuencias legales de una conducta poco ética, por decir lo menos? Ninguna. Peña Nieto seguiría como primer mandatario, y tampoco se le retiraría el título, pero este hecho siempre sería motivo de descalificación por parte de quienes, desde la oposición, se colocaban moralmente superiores ante la opinión pública y prometían que, de llegar al gobierno, serían distintos.
Nadie imaginaba que seis años después, los ahora gobernantes serían víctimas de sus propios dichos, pero principalmente de sus actos. Una investigación del académico Guillermo Sheridan destaparía la cloaca de la simulación y evidenciaría que efectivamente “no eran iguales”, eran infinitamente peores, pues Yasmín Esquivel Mossa, una de las ministras propuestas por el originario de Macuspana y esposa de José María Riobó, uno de los constructores favoritos del gobierno federal, había copiado prácticamente toda su tesis y que en los archivos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) existían, al menos, cuatro personas que se habían titulado con el mismo tema y documento.
“Una ministra pasante” fue el título del reportaje que daba cuenta que la portada, el índice, las citas y hasta las conclusiones, eran iguales. La noticia se daba en el marco de la elección de la nueva presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos indicios reflejaban que, desde Palacio Nacional, se buscaba apuntalar a Esquivel Mossa para ocupar el cargo.
López Obrador, ni tardo ni perezoso, salió a la defensa de la funcionaria y fiel a su costumbre, en su conferencia matutina descalificó a quienes evidenciaron la conducta ilícita y “compadeció” a la NO abogada: “pobre Yasmín, toda una guerra de potentados, medios de información, columnistas, intelectuales, vendidos y alquilados”. Lejos quedaron los cuestionamientos que seis años antes se ventilaban contra Peña Nieto por una conducta similar. “Los mariachis callaron”, dice una canción de José Alfredo Jiménez, y así callaron todos aquellos que antes vociferaron contra el entonces titular del Ejecutivo federal.
Es cierto, la sombra de la corrupción que cubre a la magistrada Esquivel evitó que fuera electa para el cargo que pretendía. La votación la ganó la ministra Norma Lucía Piña. Sin embargo, el resultado del proceso no borra el delito cometido por la favorita del primer mandatario, plagio es robo y en términos estrictos, Yasmín Esquivel no cumple con los requisitos para ser ministra de la SCJN, pues tanto la UNAM como la FES Aragón, confirmaron que la tesis que presentó en 1987 para obtener el título de licenciada en Derecho fue plagiada y el asunto fue turnado, para su resolución final, a la Secretaría de Educación Pública encabezada por otra incondicional del actual titular del Ejecutivo federal, Leticia Ramírez Amaya.
Lo más lamentable de este hecho es el cinismo con el que el inquilino de Palacio Nacional se ha pronunciado: “independientemente del hecho mismo, del plagio, independientemente de todo, está este asunto muy vinculado a la politiquería, de cuando acá les importa tanto la ética a quienes se han dedicado a robar”, “de lo que no tengo duda y lo que quiero aclarar, es de que el conservadurismo tiene como característica la hipocresía, porque son muy corruptos, ahora enarbolan la bandera de la ética, como los hemos visto en otras cuestiones”.
La permisibilidad con la que el presidente de la República ha actuado ante actos de corrupción de miembros de su familia, de su gabinete, de su partido o de su movimiento, es inconcebible. ¡Vaya que ha normalizado conductas y delitos que en otros tiempos fueron escándalos denunciados por quienes ahora los defienden!
López Obrador no tiene empacho en amparar a personajes vinculados a la cuarta transformación y cuyas acciones nos avergüenzan como mexicanos. Como nunca, tenemos un gobernante que ha perdido todo límite de decencia pública, que imagina que su “superioridad moral” -esa que no tiene pero que presume- es suficiente para “purificar” y justificar delitos cometidos en nombre de su movimiento. Consumar actos de corrupción, amparados por el presidente, no debe ser invisibilizado, menos olvidado.
Reitero, que Norma Piña haya sido electa como presidenta de la SCJN, no significa que debamos dejar de exigir la renuncia de Yasmín Esquivel Mossa, pues todas sus decisiones serán cuestionadas debido a su falta de probidad. Está en entredicho algo más que la decencia de la ministra plagiaria: está en juego la seriedad y honradez de uno de los Poderes la Unión. Lo que sucedió hace 35 años es la muestra de que el pasado, por más que se arrincone, tarde que temprano nos alcanza y derrumba trayectorias y trabajos de quienes se creen gigantes, pero tienen pies de barro.
Adriana Dávila Fernández
Política y Activista