Castigo al trabajo

 

México tiene entre sus pendientes la tarea de planear e instrumentar una

reforma fiscal,  que hasta ahora se sigue omitiendo por razones o motivaciones políticas y económicas que desconozco, pero que supongo están asociadas con la flojera gubernamental, así usted lo dude. Es relativamente cómodo y sencillo para el gobierno recaudar sobre una base fija de contribuyentes, en particular aquellos que por años se han denominado cautivos. A estos se les imponen cargas fiscales incluso por partida doble y se les grava el esfuerzo laboral –y ahora suerte laboral- que realizan en forma cotidiana. 

Otro fenómeno distorsionante es también el hecho, por ejemplo, de que los 2500 municipios –cifras redondas- del país desperdicien o dejen de aprovechar el gran potencial recaudatorio que tienen casi al alcance de su mano. Esto es así pese a la necesidad ingente de recursos financieros que requiere el país para detonar el desarrollo a través de la inversión en áreas críticas y de enorme impacto económico y social.

Parece que la mayoría de los munícipes, tal vez por la ausencia de una infraestructura básica para activar la palanca fiscal, o como consecuencia de una escasa cultura ciudadana tributaria o, peor aún, a la ancestral desconfianza del gobernado en torno al manejo honrado de los recursos que se acumulan en las arcas públicas, donde –dice la conseja- hasta el más justo peca, prefiere dejar de lado la tarea de recaudar en beneficio de sus gobernados. En la gran mayoría de los casos, los alcaldes prefieren recargarse en el gobierno federal o estatal para obtener recursos. Aunque es una práctica antigua, esto no aminora la irresponsabilidad municipal de esta conducta.

La consecuencia inmediata de esta indolencia fiscal se refleja en las arcas casi siempre semivacías de los municipios del país, muchos de ellos empobrecidos a niveles de oprobio y desventura, o atados de manos para acometer obras de infraestructura. El otro efecto es el servilismo que deben a sus patrones –trátese de estados o gobierno federal- y el escaso o nulo margen de maniobra para gobernar.

Hace unas semanas, el Coordinador de Ingresos e Impuestos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Adrián García Gómez, dijo a este reportero que “existe un gran potencial recaudatorio en muchos municipios” del país, y añadió que el punto “debe ser uno de los temas centrales” en cuanto llegue el momento de discutir una reforma fiscal.

Después de todo es un hecho que la recaudación tributaria del país resulta “la más baja”, medida como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

García Gómez hizo ver que la estrategia del gobierno de la 4T “está enfocada en combatir la evasión y la elusión fiscal, donde la SHyCP estima que se pierden entre 3 y 4 puntos del PIB de recaudación”, un caudal de recursos potenciales.

Para dar una idea del monto, comentó García Gómez, en 2018 la recaudación total del IVA fue de 3.9% del PIB. En consecuencia, “habrá que ver los resultados que se obtengan de estos esfuerzos, para en el futuro discutir a fondo la necesidad de una nueva reforma fiscal, en donde se indague en temas que están pendientes desde hace muchos años, como el fortalecimiento de la recaudación de estados y municipios y los impuestos al capital”.

García Gómez alertó sin embargo el cambio “muy marcado” en materia de gasto gubernamental bajo la 4T, “sobre todo en el gasto social”, donde hay un viraje hacia una política “de transferencias directas” a los beneficiarios con los argumentos de la gran corrupción, y como consecuencia una pérdida de recursos por los intermediarios.

“Es muy pronto para analizar el impacto que este nuevo enfoque tendrá en el bienestar de la sociedad, sin embargo, hay cuestiones que prenden focos rojos, como que muchos de estos programas no tienen reglas de operación y que el mecanismo de transferencias directas se pueda utilizar con fines políticos”, indica. Es cierto, pero eso, al menos por ahora, corresponde a otro campo.

En el mediano y largo plazo, el experto sugirió  que es crítico asegurarse que el gasto se realice en áreas que potencien un mayor desarrollo y crecimiento económico, como la inversión, la salud y la educación, un pendiente mayor según lo que estamos viendo en las últimas semanas.

Se añade que el SAT, que encabeza Margarita Ríos, está apretando la carga fiscal precisamente sobre los contribuyentes cautivos. Sería prudente, pero sobre todo justo, que la señora directora ordenara una revisión de estas políticas de castigo prácticamente a quienes laboran horas extras o dobles turnos en un intento de paliar las dificultades familiares y la precariedad salarial, más ahora, pero se les castiga con cargas fiscales exorbitantes. Claro, ahora ofrecen créditos, pero con intereses. Más agobio pues para los esforzados, muchos de ellos ciertamente con aspiraciones “fi fi”, pero que no por eso deberían ser castigados, sino más bien estimulados.

 

@RobertoCienfue1