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El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó ante el Ministerio Público de la Federación una denuncia por la presunta participación de funcionarios públicos en posibles actos ilícitos.

El organismo del Poder Judicial de la Federación explicó que se trata del ex presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil con sede en Monterrey, Eduardo Ochoa, al ex integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo en Tamaulipas, José Manuel Rodríguez.

Así como al juez y ex titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, en Monterrey, Nuevo León, Javier Rubén Lozano Martínez, todos ellos suspendidos, y al ex secretario técnico, Mario Alberto Prado Rodríguez, quienes son acusados de participar en posibles actos ilícitos.

El CJF señaló en un comunicado que esta decisión se fundamenta en lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Penales, además de que se continúa de manera paralela con los procedimientos administrativos para determinar las faltas en las que se pudieran haber incurrido.

En ese sentido, el organismo expresó su determinación de aportar todos los elementos que permitan fortalecer las acciones de la autoridad ministerial federal para sancionar alguna conducta delictiva cuando se trata de servidores públicos que tienen una alta responsabilidad frente a la sociedad.

Con esta acción, el CJF refrendó su compromiso constitucional de garantizar una justicia imparcial y de calidad.

Alejandro Martí pide nueva ley contra delincuencia organizada

El empresario Alejandro Martí subrayó la necesidad de que se lleve a cabo un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión para aprobar una nueva Ley de Delincuencia Organizada acorde al nuevo sistema de justicia penal.

El presidente de la organización México SOS planteó que de esa manera se permitiría el acceso a las herramientas que la propia Constitución prevé a fin de que la respuesta del Estado sea la adecuada para las circunstancias de los acusados en ese régimen de excepción.

Durante la inauguración del “6 Foro Nacional Sobre Seguridad y Justicia. Cómo Sí Implementar la Reforma Penal”, expuso que construir un país con justicia exige una coordinación interinstitucional que perfeccione la investigación policial, las medidas cautelares y los centros penitenciarios sin lo cual, dijo, fracasará la reforma penal.

Alejandro Martí aseveró que la aplicación de la reforma en la materia al nuevo sistema de justicia penal no sólo tiene que ver con las leyes y con la construcción de salas de juicios orales; “sabemos que se ha avanzado en ello, pero es impostergable acelerar su concreción”.

Refirió que la lucha que se está dando para contar con un sistema de justicia eficaz está llamada a transformar no sólo a las leyes y a las instituciones, sino también las mentalidades y las conciencias, porque el nuevo sistema de justicia penal debe desterrar la impunidad.

Queda mucho por hacer, añadió el empresario, sobre todo en aquellos estados del país que no han iniciado ese desafío institucional, así como en aquellos donde se han dado los primeros pasos pero se requiere mejorar el desempeño de sus sistemas de justicia.

Capturan a presunto homicida en el Estado de México

Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) detuvieron a un sujeto, quien es acusado del homicidio de un hombre, cuyo cuerpo fue encontrado el 10 de mayo pasado en el poblado Ejidos de Tulantongo, municipio de Texcoco.

De acuerdo con las investigaciones el inculpado, Cruz Jonathan Rodríguez Frutero, se le vincula con la muerte de José Juan Alejandro Rodríguez Álvarez,

La dependencia informó que la esposa del hoy occiso denunció el 6 de mayo pasado la desaparición de su marido y señaló que él salió de su domicilio para dirigirse a jugar frontenis, sin embargo, no regresó.

Con las primeras diligencias en el lugar, donde fue encontrado el cuerpo y con los datos recabados, la dependencia solicitó una orden de aprehensión en contra de Rodríguez Frutero, que fue otorgada por la Autoridad Judicial y cumplimentada por Policías Ministeriales.

El probable responsable fue ingresado al Centro de Prevención y Readaptación Social Molino de las Flores, en Texcoco y será un Juez quien determine su situación legal.